jueves, 23 de octubre de 2014

Cambiar la ley no es cambiar las prácticas: Sobre los límites del fetichismo legal


El martes escribimos estas notas luego del anuncio presidencial sobre el envío del nuevo Código Procesal Penal al Congreso. Estamos leyendo el proyecto que recién transcendió ayer. Hay muchas cosas positivas, hay otras discutibles y otras directamente problemáticas junto a ausencias notables. En esta nota publicamos tratamos de bajar el optimismo reformista, sobre todo en un Código que quiera transformar las prácticas de los operadores del derecho. Salió en Infobae, acá. Salud!

 un amanecer sin expedientes - Sur 2014
Cambiar la ley no es cambiar las prácticas: Sobre los límites del fetichismo legal en las reformas jurídicas

La Presidente anunció oficialmente algo que ya había adelantado al promulgar el nuevo Código Civil y Comercial: el envío de un proyecto de Código de Procedimiento Penal al Congreso de la Nación.
El Gobierno, de esta forma, impulsa la reforma y sanción de cuatro Códigos centrales para el ejercicio de los derechos de los argentinos. La actualización normativa y la incorporación de principios constitucionales y de derechos humanos resultan en sí mismo una buena noticia, más allá de las discusiones sobre las formas, los debates sociales necesarios y los desacuerdos políticos y jurídicos inevitables.
Por un lado, en enero de 2016 comenzará a regir el nuevo Código Civil y Comercial unificado que derogará los dos viejos Códigos, el Código Civil y el Código Comercial, hoy vigentes a través de dos cuerpos legales separados. Por otro lado, hay un buen proyecto de Código Penal -incluso con algunos puntos perfectibles y aristas complejas- que también deberá ser discutido razonable y profundamente en el Poder Legislativo. Sería prudente reducir el populismo penal y el oportunismo electoral a su expresión menos perjudicial. Junto al Código Procesal Penal de la Nación, serán cuatro Códigos los que se proyectan reformar integralmente.
Las reformas de los Códigos ofrecen razones para ser optimistas. Sin duda, la mayoría de los Códigos deben reformarse y los cambios se justifican constitucional y políticamente. El optimismo debe ser moderado, sin embargo. Muchas textos legales cambian pero pocos de esos cambios se traducen en cambios prácticos, reales, operativos, palpables. La ley es texto y práctica, es lo formal y lo real. A veces la práctica judicial del derecho se olvida, se desconecta, del texto.
Recurrentemente se cae en un fetiche de las reformas legales y/o penales, pensando que cambiar la letra de la ley genera un transformación real, fuera de lo formal. Ese fetichismo legal es típico en materia penal: aumentar penas “mágicamente” genera más seguridad. Lamentablemente, la realidad lo desmiente una y otra vez.
Así, la reforma constitucional de 1994 fracasó en casi todos sus objetivos explícitos. El presidencialismo no se atenuó y muchas de las instituciones incorporadas en 1994 tienen una debilidad estructural palmaria. Claramente, esa es la situación de la Defensoría del Pueblo, vacante hace años, y del siempre criticado Consejo de la Magistratura, el órgano de gobierno del Poder Judicial. Lo mismo puede pasar con las más hermosas leyes: pasan a ser poesía legal –en la gran mayoría de los casos, muy mala poesía legal- retórica del discurso del derecho, ausente en la práctica.
Pensar en las prácticas judiciales inquisitivas, obsoletas, formalistas, oscurantistas, dogmáticas, poco abiertas a la participación social, etc. del proceso penal es justamente encontrar las razones para impulsar la reforma. Pero también es encontrar las razones para entender que –sobre todo cómo y porqué- las reformas pasadas fueron parcial y/o totalmente neutralizadas por los actores que pretendían regular.
Reformar el juego sin reformar a los jugadores es frustrante. Tarde o temprano se deberá encarar nuevamente la discusión sobre cómo mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de selección de Jueces, Defensores y Fiscales. Además, cabe agregar, una reforma en la esfera penal queda incompleta si no se proyecta políticas para el control democrático de la Policía y de un atroz Servicio Penitenciario. Si se quiere hacer algo por las injusticias en el sistema judicial, la inseguridad y la verdadera Justicia, más temprano que tarde se deberá encarar la reforma de las fuerzas de seguridad y la necesidad del control democrático de dichas fuerzas.
Cambiar las reglas de juego a veces no implica cambiar el juego. Los jugadores pueden acomodar sus viejas prácticas a nuevas reglas. Esto puede aplicarse a los procesos de adecuación de ciertos grupos económicos o a las reformas en el ámbito del proceso penal. Quizás lo más difícil es reformar las viejas y clásicas prácticas institucionales. Las viejas instituciones viven en las nuevas, los viejos actores condicionan a los nuevos.
Las reformas legislativas son necesarias y además jurídicamente pueden ser muy sólidas. Ahora, las transformaciones políticas y prácticas necesarias en los operadores de los sistemas judiciales requieren de un compromiso político, de recursos económicos y humanos más allá de las retóricas de la letra de la ley. Hechos, prácticas y recursos, no sólo palabras.-

miércoles, 22 de octubre de 2014

Hoy: Reflexiones en el 20 aniversario de la Reforma Constitucional



Hoy comienza el XI Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional en la UBA.
Gracias por la invitación de la comisión organizadora!
 Salud!

domingo, 19 de octubre de 2014

Myriam Bregman en Estudios Críticos del Derecho


clases soleadas de justicia - Buenos Aires 2014
Mañana nos visita Myriam Bregman y -si todo va bien también- trabajadores de Madygraf (ex-Donnelly) en el curso de Estudios Críticos del Derecho. Un gran honor para nosotros.

Como saben Myriam es abogada fundadora del Ceprodh, militante del PTS y futura diputada de la provincia de Buenos Aires, dado que seguirá a Néstor Pitrola en un sistema que conocimos, por primera vez, gracias a Marcelo Medrano, cuando visitamos a los trabajadores de Zanón en Neuquén y charlamos con varios trabajadores/delegados/legisladores de la legislatura de Neuquén. Además, Myriam fue abogada de Julio López y una de las querellantes en el caso ESMA.

Vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar de todo un poco: de género, de política, de la lucha de los derechos humanos y de los conflictos laborales, de las luchas sociales y sociales en el sindicalismo de base, en la militancia de los derechos humanos y del rol del derecho, del poder judicial y de la política en cada una de esas esferas. 

Mañana 20 hs,
Aula 233,
Segundo Piso,
Facultad de Derecho, UBA.

Están todxs invitados!
Salud!!

sábado, 18 de octubre de 2014

Cayote, poesía y los lapachos de La Rioja: Joaquín Giannuzzi y Mario Paoletti


Miles de deudas y agradecimientos tardíos, debidos, sentidos a los amigxs de Aire que nos invitaron a este evento extraordinario acá. Estuvimos junto al gran Gabriel Pereira de Andhes y Diego Ocampo de Aire, hablando sobre democracias, instituciones y procesos de democratización, como los que tuvieron epicentro en la propia Universidad de La Rioja. Y aprovechamos para visitar los cerros, caminar las calles de La Rioja, conocimos a la beba más simpática llamada Malena, caímos fundidos en siestas después de recibir al sol y rastros del viento sonda, admirando la flora del lapacho autóctono, discutiendo sobre caudillos pasados y presentes, viendo las estatuas de Joaquín V. González sentado, comiendo cosas dulces, manejando por acantilados, saboreando empanadas riojanas y brindando con torrontés.

el mundo de la vida, pan de membrillo y un salario de justicia poética - Buenos Aires 2014

El dinero y la ambición en el derecho lo corroe todo. El mundo de la vida está amenazado siempre. Por eso hay que celebrar, brindar y destacar, lo excepcional e increíble que es encontrar la fuerza vital en la acción ajena, quedarse admirado por ese fuego inicial, ese actuar sincero. La vida, el derecho y la política dan muestras de sobra de personas que se pierden en sus egos vacíos, que se suicidan por promesas vanas del carguito judicial y el aplauso contingente, por un poco de poder, que venden a sus propias madres, a sus maestros, que traicionan a sí mismos y a sus amigos de las formas más tristes y angustiosas. 

Lo que vivimos en La Rioja no fue todo lo contrario. Buena gente como Matías Ascoeta, Soledad Pérez, Diego Ocampo y la melodramática Pía González con la que compartimos risas e historias de la mejor forma. Nada más que agradecer, el cabernet sauvignon, los libros de poesía de Paoletti, Giannuzzi, de Moyano, todo, todo vida, color, días soleados de amistad y diálogos en tierras coloradas de cuyo, tomando torrontés, comiendo rico y riendo mucho. Pronto volveremos!

Como hiciéramos, tanto tiempo atrás, recobramos un poco esa esperanza en la justicia poética con estos poemas de Joaquín Giannuzzi (los primeros dos) y de Mario Paoletti (los últimos tres) que nos regalaran por aquellas tierras riojanas queridas. Gracias infinitas!

Cayote, poesía, torrontés y salud!!

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Alberdi en Marsella 

La vida huele a puerto, malsana lejanía y crueles
tabernas
cuando el pulero malhumorado hombrecillo
abandona el hotel para mirar ávidamente el 
mediterráneo

Pero no llegan navíos ni noticias
para este pálido extranjero 
sino la noche y la soledad
como una sombra recurrente sobre el rostro-
Entonces recuerda o presiente el destino bloqueado
que incubaron sus razones de prócer suelto, a la deriva-
La neurosis anuncia la hora del destino
su estómago arde como un rencor no resuelto
y dando la espalda al mar
instala la patria en el cerebro.

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Franz Kafka en el sanatorio

El mundo parecía en orden fuera de su cabeza,
el cuarto del sanatorio, la vana imprecación
de las pócimas, el vaso con flores desoladas.
El médico, de pronto, se volvió absurdo
al insistir mecánicamente hacia su pecho
buscando un latido perdido, un lenguaje en la oscuridad.
Entonces lo apartó con una cólera triste,
la sombría fatiga que siempre había ordenado
ademanes tan delicados para amparar su destierro.
Todos los que lo amaban estaban allí
moviéndose detrás de la puerta
o precipitándose en oleadas hacia el remoto rostro
parloteando preguntas sin salida,
en el mejor estilo judío.
Pero allí se limitaba el mundo
a encarnar los intensos silogismos de sus textos
y al mismo tiempo confirmaba su poesía
en un código monótono y fragmentario de marionetas.
Toda esa agitación ¿quién la necesitaba
sino la voracidad de vivir al precio de cualquier vergüenza?
Un moribundo muy especial, hermoso como un condenado,
quizás con abundantes pruebas acerca de lo secreto,
desapareciendo, contra toda lógica, en un cuerpo pequeño.

Joaquín Ginnuzzi, de Señales de una causa personal (1977)




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Simplicissimus

Cada llave abre una puerta.
Algunas llaves
abren muchas puertas.
Ninguna llave
abre todas las puertas

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Lo más parecido

Todavía maravillado digo a Pilar: lee esto
y ella deja lo que está haciendo
el libro o la cuchara junto a la boca
y lee
y yo puedo ver cómo va tiñéndose su alma
con el oro de Manuel Vicent o Milllás.
Y otras veces es ella la que dice: lee esto
y entonces dejo lo que estoy haciendo
y es mi turno de recibir el legado
de compartir el tesoro recién descubierto
y pasar por esas mismas estaciones de dicha
que acaba de atravesar su alma.
Este ir y venir de flores ajenas
que nuestra admiración hace propias
es lo más parecido a la felicidad
que me ha dado la vida.

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Angelelli

Calvo, vital, reflexivo, piadoso.
Amaba a su iglesia con todo el corazón
pero más amaba a la justicia
y en ese seronoser se dejó la vida.
Para colmo el destino le tenía reservado
un rebaño pobre, ignoto y silencioso
habituado a oscuros obispos burocráticos.
Y él, que era un hombre de Concilio
(igual que Leonardo lo fue del Renacimiento)
se puso al frente y marchó con ellos.
Estaba escrito que más temprano que tarde
habría de topar con los dueños de la cosas.
Y así fue.
Primero lo calumniaron, luego lo persiguieron
y al fin lo remataron en el suelo, como a un conejo
de un culatazo en la nuca. Tenía 53 años.
(Cuando vaya a misa, señora, abra bien los ojos;
no es imposible que el asesino de Angelelli
sea el caballero de pelo blanco que reza a su lado).
Yo le oí decir:
"Si desvirtuamos la sal, ¿con qué salaremos?".
En el fondo de sus ojos brillaban dos lucecitas.
Ya han empezado a dedicarle monolitos y estatuas.
Luego vendrán las camisetas.

Mario Paoletti, Antología Personal (Ed. Biblioteca Mariano Moreno).


miércoles, 15 de octubre de 2014

AAFD Jornadas de Filosofía Jurídica y Social / Congreso Iberoamericano


la iberoamérica jurídica pacificada sea unida - Guayaquil 2014  

Hoy comienzan las XXVIII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social que también operan como el 1er. Congreso Iberoamericano de Filosofía Jurídica y Social. Todo organizado por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

Se realiza en la  Escuela del Servicio de Justicia desde hoy hasta el 17 de Octubre. El programa del evento y más información del evento, dirección y demás por acá.

Como verán en el programa hay grandes expositores nacionales e internacionales  Sobresalen Manuel Atienza, Luis Villavicencio Miranda, Daniel Mendonca,  Julia Neueunchenwander y Marcelo Galluppo, Juan Pablo Alonso, entre muchas/os otras. 

Nosotros vamos a estar dando vuelta los tres días, visitando los paneles pero participamos con Mauro Benente coordinando una mesa de debate que tiene como invitados a Marco Navas (Universidad Andina) y a Érika Fontanéz Tórres (Universidad de Puerto Rico). El mismo viernes después viene Don Luis Villavicencio Miranda y el autor del libro "La filosofía del derecho argentina" Manuel Atienza cierra con su conferencia.
  
Nos vemos por ahí! Salud!

miércoles, 8 de octubre de 2014

Texto y contexto en la reforma del Código Civil


Ayer se promulgó el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia en Enero del 2016. Publicamos esta nota sobre qué implica un Código, cúal fue el contexto político e institucional del largo proceso codificador y finalmente los aspectos positivos (que los tiene) y los aspectos problemáticos (que también los tiene) sobre el fondo y la forma en que se aprobó. Se publicó acá en Infobae y la dejamos a continuación. La seguimos. Salud!

los códigos de la política, leyes y sentencias en el medio - La Rioja 2014  

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Texto y contexto en el Código Civil.

1. El código como espejo de la sociedad. Dictar un Código Civil es diseñar una sociedad, es una política fundamental que debería reflejar al derecho como resultado de la política democrática. Un Código necesita tanto de la mejor técnica legislativa como de la mejor política democrática.

La relación entre Constitución, Democracia y Códigos siempre fue difícil. Los Códigos y sus reformas históricamente fueron sancionadas en contextos no democráticos o de dictaduras, sin política democrática ni contrapuntos posibles, sin debate ni legitimidad social.

2. Contextos políticos y codificación. No es secreto que estamos ante un Código mediado por las tensiones entre el Gobierno y los autores del anteproyecto. Sin ese contexto, no podemos entender cabalmente el nuevo Código y sus tormentas políticas. En ningún momento se tomó seriamente la discusión de fondo sobre el articulado, nunca se analizó apropiadamente el contenido del Código, sus bases ideológicas y teóricas -eso se delegó en los “técnicos” y “juristas”- sino que se evaluó la relación, a veces cercana y a veces difícil, entre el Gobierno y la Corte Suprema.

Algunas decisiones de la Corte y una mejoría en sus relaciones institucionales pueden haber auspiciado su impulso y final sanción. Recordemos que el Anteproyecto de Código se presentó a comienzos del 2012, llegó al Congreso en agosto del mismo año después de la reforma en el Poder Ejecutivo y se comenzó a tratar legislativamente en Noviembre del 2013 luego -para poner un hito azaroso del año pasado- del fallo, de lo que se conoce como, “Ley de Medios” contra Clarín.

3. Forma y fondo en el Código Civil. El Código tiene aspectos positivos que son parte de su proceso de actualización. No son producto de un cambio jurídico revolucionario sino de una evolución gradual y en el tiempo, de la política y del pensamiento social sobre el derecho civil y comercial, en todos sus espacios y operadores, jueces, abogados, políticos, académicos, etc. La actualización es una buena razón para ser optimista por la reforma y apoyarla pero también es una razón modesta, moderada por sus problemas políticos y los debates abiertos.

Por un lado, esos aspectos positivos, se deben menos a talentos legislativos y/o técnicos que a la decisión política de actualizar un texto legal clásico pero obsoleto, repleto de visiones anacrónicas, contradicciones manifiestas, lagunas injustificables y mutilado por reformas parciales. Por el otro lado, los aspectos problemáticos del nuevo Código son mucho más difícil de justificar y defender tanto en términos técnicos como políticos, especialmente en los tiempos que corren, tiempos de democracia y derechos humanos. La debilidad en la protección del consumidor, una selectividad protección y regulación sobre las propiedades de las clases más altas, la posibilidad de precarización laboral bajo ciertas formas contractuales, la negativa a proteger el derecho al agua y ciertas omisiones vinculadas a la regulación de los servicios públicos, la compatibilización de las políticas de derechos humanos y la definitiva constitucionalización del derecho privado son sólo algunas conflictivas aristas; además de los ya clásicos problemas señalados: la personería jurídica de la Iglesia Católica y el origen de la vida (Artículo 19).

Este nuevo Código reproduce problemas de legitimidad y deliberación democrática que eran propios de los viejos Códigos del Siglo XIX.

Una sociedad compleja merece una debate democrático para limar sus diferencias, para acercar posiciones, para crecer colectivamente en el diálogo. Si bien ningún Código, una norma ya muy compleja, puede pretender unanimidad, el debate político abierto e inclusivo -como el que tuvimos con el matrimonio igualitario y tantos otros- nos hace avanzar colectivamente en el desacuerdo.

Se perdió una gran oportunidad –el tiempo y las decisiones políticas dirán si se subsana- donde oficialismo y oposición tienen ambos diferentes grados de responsabilidad, para dar al nuevo Código un debate profundo y democrático sobre el modelo de país que, sin duda, el Código reflejará.-

martes, 7 de octubre de 2014

Beca Romulo Gallegos de la Comisión Interamericana de DDHH


Convocatoria para la Beca Romulo Gallegos de la CIDH. Cierra el 29 de Octubre del 2014. 



                                    
Se difunde a pedido de amigxs ex-becarios, hoy sensibles burócratas internacionales y se agradece lo propio! 
Salud a mis viejos becarios amigxs!!

lunes, 6 de octubre de 2014

Más federalismo, menos inseguridad: El desafío sigue siendo poblar y descentralizar el poder


las rutas del federalismo y el peaje unitario - Chubut 2013
Estamos volviendo a la actividad con miles de deudas pendientes por acá y allá. Vamos paso a paso. Por ahora, subimos esta nota que publicamos la semana pasada sobre la relación entre federalismo y políticas de seguridad. Salió en Infobae en el espacio de nuestra columna semanal, acá. La adjuntamos y bienvenidos los comentarios siempre. 

Poco a poco, vamos a ir cumpliendo algunos pedidos en el blog y otros pedidos institucionales, correos adeudados, formularios pendientes y la vida se abrirá paso entre esas deudas académico-laborales. Se agradece la paciencia.

Seguimos. Salud!

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Más federalismo, menos inseguridad: El desafío sigue siendo poblar y descentralizar el poder

Una de las áreas estratégicas pendientes de desarrollo a nivel político y institucional en nuestro país es el siempre débil sistema federal. Argentina nunca se consolidó como una república federal y ese mandato constitucional sigue, a toda vista, esperando que alguna de las futuras generaciones tome en serio la descentralización del poder y el crecimiento equilibrado del par Nación-Provincias.

En nuestro país, especialmente en los grandes centros urbanos se desconocen los beneficios sociales cotidianos del federalismo como forma de vida. En contraste, las prácticas centralistas, unitarias, que tienen su correlato con nuestra historia de dictaduras, cultura autoritaria y falta de política democrática, son las responsables de varios de los descalabros que hacen inviable nuestra distribución poblacional y que así hacen imposible atemperar y controlar, encauzar y reducir el conflicto social en las grandes ciudades.

En nuestro contexto y en condiciones de crecimiento demográfico y económico moderado pero sostenido la ecuación podría ser simple: A más federalismo, menos inseguridad.

Si pensamos el federalismo como una práctica política y legal, como una práctica cotidiana, el federalismo viene a descentralizar todo tipo de poder: institucional, social, político, fáctico, económico, etc. Así, la existencia de asimetrías demográficas, esto es, de ciudades sobredesarrolladas con cordones de pobreza extrema, desigualdad explosiva y violencia institucional son producto de una realidad unitaria bajo una constitución formalmente federal.

El federalismo es un relato retórico más que una práctica institucional, un proyecto inconcluso más que una base institucional de una democracia territorial.

Muchos siguen enceguecidos por la inercia de prácticas centralistas que nos mantienen, como sociedad demográficamente organizada, en el siglo 19. Por un lado, eso produce provincias débiles con poca población más allá de las capitales, predominio del empleo estatal y  desiertos llenos de potencialidad, zig zags entre vacíos de inversión económica  y la explotación indiscriminada -que encubren saqueo de recursos- en condiciones privilegiadas, junto a una ausencia de masa poblacional. Por otro lado, tenemos centros urbanos con problemas en las políticas públicas fundamentales, urbanizaciones precarias, ghettos sociales, exclusiones manifiestas, segregación educativa o de clase, contaminación ambiental –típicamente en la cuenca del Riachuelo-, pobreza estructural en contextos de inflación amenazante y una demanda constante por más y mejores políticas de seguridad.

Sin duda, en el marco de políticas de diseño federal esta tendencia en lugar de aumentar, se debería morigerar gradualmente gracias a políticas de descentralización poblacional e incentivos hacia la descentralización administrativa, social y otras políticas complementarias como la migración interna, incluso dentro de las provincias hacia centros urbanos alternativos. Incentivos que debería acompañar una aumento de la conciencia social y cultural de lo diverso y extenso de nuestro país, de sus atractiva amplitud territorial y de la calidad de vida usualmente desconocida en las “grandes ciudades”.

Inseguridad, federalismo y largo plazo: Una política cultural e institucional puede reconducir esos procesos con más razonabilidad que la improvisación y el cortoplazismo miope.

Después de 161 años de Constitución nacional el desafío sigue siendo cumplir su programa, “implementar su carta de navegación”, construir el federalismo, poblar nuestro territorio de una forma más equilibrada y armónica, menos disfuncional y más balanceada. La desconcentración demográfica, podría hacer posible en el mediano y largo plazo, mejores condiciones de vida que reducen la conflictividad y la inseguridad. Hasta podría generar la modificación de ciertas distorsiones en la representación política en el Poder Legislativo.

Economía, cultura de la responsabilidad, educación ciudadana, políticas públicas basada en derechos fundamentales y un control democrático de las fuerzas de seguridad seguramente son algunos de un temario a expandir. Sin dudas, por sí mismo, las políticas de descentralización institucional y demográfica resultan innovadoras e importantes pero aisladamente se quedarían sólo en un buen comienzo. Rara vez, la atrofia unitaria y asimetrías poblacionales de nuestro federalismo se identifican como parte de las facetas claves de la inseguridad.

Nuevamente, la Constitución -al menos en este aspecto-, no dificulta sino ayuda con una política pública en un doble nivel constitucional: 1. Reducir la inseguridad, asegurando mayor bienestar social de todos, sin respuestas violentas ni inconstitucionales, acordes a las mejores políticas de derechos humanos y 2. Cumplir una de las deudas con la Constitución: descentralizar el poder, consolidar el federalismo como forma de vida para beneficio todos.-

domingo, 5 de octubre de 2014

Abuelas de Plaza de Mayo convoca a jóvenes abogadas/os para integrar su Equipo Jurídico


ética de la responsabilidad y ética de la bossa nova en Chico Buarque - Sao Paulo 2011
Difundimos esta convocatoria que nos pasan desde Abuelas de Plaza de Mayo. Muy buena oportunidad para todas/os aquellos/as que estén interesados en trabajar en el amplio espacio del movimiento de derechos humanos aportando desde la práctica del litigio y la experiencia procesal. Adjuntamos la información y sigamos.

Éxitos y salud!

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Abuelas de Plaza de Mayo convoca a jóvenes abogadas/os para integrar su Equipo Jurídico.

Características:

El Equipo Jurídico de la Asociación se desempeña como parte querellante en los procesos penales en los cuales se investiga o se ha determinado la identidad de una persona apropiada durante la última dictadura militar. Asimismo, interviene en el mismo rol en las causas por crímenes de lesa humanidad que tienen por víctimas a padres de niños desaparecidos.


Requisitos:
-          Disponibilidad tiempo completo.
-          Excelente capacidad de redacción de texto.
-          Excelente disposición para el trabajo en equipo.
-          Disponibilidad para realizar tareas de procuración y litigio en Capital Federal y Gran Buenos Aires (residentes en localidades alejadas de la Capital Federal, v. gr. La Plata, deben considerar que parte de la tarea consiste en concurrir a juzgados ubicados en localidades como San Isidro, San Martín, Lomas de Zamora o Morón).
-          Preferentemente con matrícula y experiencia en litigio.
-          Preferentemente con orientación en Derecho Penal y/o Derechos Humanos.


Quienes estén interesados deberán enviar un e-mail a convocatoriaej@abuelas.org.ar adjuntado:
-          curriculum vitae.
-          carta de presentación indicando el interés en la posición y otros datos que el postulante considere relevantes que no se encuentren expresados en el CV.
-          un breve texto de autoría del interesado sobre cualquier cuestión jurídica que refleje su capacidad de redacción (v. gr. un trabajo presentado en la Facultad).

El plazo límite para presentar postulaciones es el 15 de octubre.
Durante dicho mes y, eventualmente en noviembre, se realizarán las entrevistas.

miércoles, 1 de octubre de 2014

Seminario de Derecho Público y Derecho Internacional: PGE 2014


Mañana estamos por acá en la extraordinaria ciudad de Quito, con sus cerros, su gente linda, su altura que nos da caricias de gravedad, su panecillo, su centro histórico bello como pocos y, en especial, junto a nuevos y viejos amigos que son lo mejor. El mundo de la vida de la actividad académica. Ya instalados y preparados para comenzar bien temprano mañana! Pasado estamos en la Corte Constitucional. Días intensos que no hacen postergar enfrentarnos con las malas noticias codificadoras!


Sigamos y salud!

jueves, 25 de septiembre de 2014

Curso "Constitución, Derecho Penal y Garantismo" Hasta el 2 de Octubre


Estamos ofreciendo este curso en el campus virtual de la Asociación Pensamiento Penal (APP), en asociación con la gran y querida Universidad Nacional del Comahue, para explorar una mirada constitucional y una crítica democrática varios de los debates sobre el derecho penal que están muy presentes en ámbitos académicos y no-académicos, judiciales y políticos, pero sobre todo en la opinión pública y en la sociedad.


Además, sobre todo, lo ofrecemos para discutir las posibilidades de una política democrática razonable en la esfera de la legislación penal y preguntarnos si el derecho constitucional colabora o dificulta en su juego institucional en ese nivel. 

La inscripción está prorrogada hasta el 2 de Octubre y se agradece difusión! Están todxs invitadxs! Salud!

martes, 23 de septiembre de 2014

Democracia, medios y fines - Aire y UN La Rioja


El jueves próximo a las 19 hs estamos invitados a charlar sobre democracia y procesos de democratización en la Universidad de La Rioja con la organización especial de los amigos de la ONG Aire. Estarán Don Gabriel Pereyra de Andhes, Diego Ocampo y Matías Ascoeta, entre otros, entre los organizadores y amigos locales.



Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación! Nos vemos en la tierras cuyanas.
Salud!

jueves, 18 de septiembre de 2014

Mandatos constitucionales, conflictos políticos: Seguridad porteña y juegos de suma cero


a espaldas del conflicto, al frente del mandato del mar - Pinamar 2008
Después de los anuncios sobre el retiro de la Policía Federal de las calles de la Ciudad de Buenos Aires muchos se preguntaron sobre quién tiene la competencia sobre las políticas de seguridad en la Capital Federal. Escribimos estas líneas para explicar el conflicto e intentar identificar cuáles son los mandatos constitucionales que están en pugna en el centro del conflicto político. Salió publicada en Infobae acá. La copiamos y seguimos. 

Salud! 

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Mandatos constitucionales, conflictos políticos: Seguridad porteña y juegos de suma cero


Muchas personas, dentro y fuera de las fronteras de la capital porteña, se preguntan: ¿Cuál es el conflicto legal y político entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires en torno a la policía? ¿A quién corresponde el control de la política de seguridad en la Capital Federal?

Las respuestas, como siempre, superan la simple enunciación de las normas correspondientes y se deben aplicar en contextos políticos adversos. Van más allá de los mandatos constitucionales interactuando en situación de conflictos políticos de alta complejidad con instituciones y prácticas arraigadas por varias décadas.

Hasta el año 1994 la Constitución Nacional confería al Presidente de la Nación la atribución de elegir discrecionalmente al “Intendente” de la Capital Federal. Este dato no debería dejar de sorprendernos. Los ciudadanos de la Capital Federal no tenían real democracia, ni sistema republicano en el Ejecutivo de la Ciudad. Sus derechos políticos eran negados salvo en el imperfecto Concejo Deliberante, institución históricamente identificada con la corrupción y la ineficiencia política y/o legislativa.

La Capital Federal, bajo el control del Gobierno Nacional, a lo largo del tiempo formó su propio Poder Judicial Nacional -aunque no era en sentido estricto “nacional” sino sólo de la Capital Federal- con su Policía Federal. Todo ello es una anomalía en nuestro sistema federal por una simple razón: Deberían existir únicamente los Jueces Federales y los Provinciales. La categoría de Jueces Nacionales, en el mejor de los casos, debería haberse abandonado cuando se extinguieron los territorios nacionales, como por ejemplo, Tierra del Fuego al dictar su Constitución Provincial en 1991.

A partir de 1996 con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la elección directa del Jefe de Gobierno, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires pudieron ejercer sus derechos políticos en el marco de su autonomía estadual. Actualmente, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está equiparado por la Constitución Nacional -en el Senado y en el régimen tributario nacional, entre otros ámbitos- a un Estado Provincial, conservando sus características especiales, su condición sui géneris.

El Art. 129 de la Constitución Nacional es claro al establecer la facultad de tener una estructura tripartita de poderes (Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo). La Constitución de la Ciudad Autónoma establece, en sus artículos 34 y 35, los lineamientos de las fuerzas de seguridad. Por un lado, ideal y oportunamente  ambas normas sugieren que la transferencia de las fuerzas policiales debía ser negociada por las partes. Por otro lado, los juegos de bloqueos y de suma cero, tan habituales en nuestra política cotidiana y tan incentivados por el propio esquema presidencialista, hicieron que se concretara el peor escenario: Nación y Ciudad nunca llegaron a un acuerdo razonable en cómo implementar el traspaso de las fuerzas de seguridad en el territorio de la Ciudad.

Lamentablemente, cabe recordar al menos dos contextos favorables que aparecen como oportunidades perdidas. Durante la presidencia de Fernando De la Rúa se podría haber realizado el traspaso policial con un Jefe de Gobierno -Enrique Olivera- afín al oficialismo nacional. Lo mismo en el contexto de la Presidencia de Néstor Kirchner y el por ese entonces Jefe de Gobierno electo Aníbal Ibarra -antes de su juicio político-, o incluso en la Jefatura de Jorge Telerman que concluyó su mandato. Estas oportunidades perdidas evidencian, en el tiempo, sus altísimos costos.

Hay razones para interpretar que la reacción mediática del Secretario de Seguridad sugiriendo “retirar la Policía Federal” tuvo como objetivo principal descomprimir su delicada situación ante las serias denuncias en torno al “Gendarme Carancho” y la actividad de inteligencia interna (infiltrados) en la protesta social.  Sin embargo, la mención hace resurgir conjeturas y temores en torno a la pugna latente y permanente producto de la  superposición de policías en la Ciudad de Buenos Aires y la velocidad con la que se hará, el ya en curso, traspaso.


Por todo ello, cabe destacar que lo dos desafíos que deberán enfrentar, inteligente o improductivamente, los futuros gobiernos nacionales y jefaturas de la Ciudad: el primero es el traspaso completo de las competencias por parte de la Policía Federal a la Metropolitana, además de su convivencia pacífica y colaboración posterior, y el segundo desafío será avanzar en la paulatina transferencia de las competencias de los Tribunales Nacionales al espacio del Poder Judicial de la Ciudad. 

Con esos mandatos constitucionales en el horizonte, cabe propiciar mayor responsabilidad institucional de los actores involucrados, reducción del bloqueo autodestructivo y dar impulso a más acuerdos democráticos transversales en tan delicadas áreas. Están en juego nada menos que  nuestros derechos y nuestra seguridad.-

lunes, 15 de septiembre de 2014

IV Jornadas de Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales 2014


Esta semana comienzan las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Derecho UBA. Para todos los interesados/as adjuntamos el programa principal, con los paneles de apertura, de proyectos de investigación y demás actividades. 


En el comienzo de la Jornadas, el miércoles, seguramente se difunda la lista de paneles, ponentes y trabajos en comisión. 
Salud!

viernes, 12 de septiembre de 2014

Hoy comienza: Control de Constitucionalidad con Gustavo Arballo en la UNS




Gracias a Gustavo Arballo y a la gente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur vamos estar en Bahía Blanca.  Toda la información, programa está acá en el blog de Gustavo Arballo, acá. La web del Departamento de Derecho de la UNS, acá.
Salud!

miércoles, 10 de septiembre de 2014

10 de Septiembre de 1930: Tragedias constitucionales y defensas democráticas


Hoy 10 de Septiembre se cumplen 84 años de la Acordada de la Corte Suprema Argentina que convalidó el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. Al tiempo que se cumplió 80 años publicamos esta nota acá tratando de conectarla con los golpes de Estado (o intentos de) que sucedieron en Honduras y Ecuador. Posteriormente, los hechos se repitieron (aunque resulten más distantes y extraños, más opacos y lejanos) en Egipto en 2013. Transcribimos la nota a continuación. Sigamos y salud!

las sombras trágicas y las defensas solares - Patagonia 2013
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Las defensas democráticas
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La mejor defensa de las instituciones democráticas no está vinculada con la protección judicial, ni con las cláusulas que quitan toda legitimidad a los golpes de Estado, sino a la democracia como una forma de vida social
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En el año 2010 se cumplieron 80 años del golpe de Estado que desató una larga secuencia de rupturas institucionales y violencia política a lo largo de la historia argentina del siglo XX. Así, los primeros pasos y las conquistas sociales de la apertura del sistema político en la república radical tuvieron su abrupto final con el ascenso de la reacción del poder oligárquico de corte autoritario. Como todo golpe militar, fue impulsado por una alianza compleja de la élite política y social, representada típicamente, en esos tiempos, por algunos sectores de la prensa y el poder económico concentrado. Desde sus esferas de influencia, estos actores serán los que intentarán dar legitimidad retórica a la irrupción de la manu militari en el -recientemente estrenado- escenario de la república constitucional.

En ese contexto, cabe recordar con especial énfasis, encontramos la tristemente famosa Acordada del 10 de septiembre de 1930, por la cual la Corte Suprema de la Nación convalidó rápidamente el golpe de Estado contra las autoridades constitucionales. Su dictado significó el comienzo de una etapa en la que el Poder Judicial, como supuesto árbitro de un -tibio- diseño republicano, en lugar de resguardar la supremacía constitucional o proteger los derechos políticos de la república, legitimaba la ruptura institucional y aceptaba participar en dictaduras abiertamente ilegales e ilegítimas. Las garantías constitucionales se suspendían y la violación masiva de derechos básicos era consolidada por la ineficiencia -o cómplice pasividad- de los recursos judiciales que se presentarán para reclamar protección. 

Sin duda, el "reconocimiento" de la legalidad de un acto de fuerza en gobiernos surgidos de la ilegitimidad más evidente es una de las mayores tragedias históricas en la memoria de las instituciones. Esa doctrina de facto tendrá efectos perdurables y nocivos en nuestro desarrollo constitucional, legislativo y hasta en la educación legal de generaciones. Por aquellos tiempos, los dictadores se hacían llamar "presidentes" y el Poder Ejecutivo era "provisional". Mientras tanto, el Congreso, que era -incluso en ese tiempo de pobre republicanismo- el órgano más representativo e inclusivo -a pesar del grado de hermetismo o clasismo- se clausuraba por años o era restablecido mediante elecciones con partidos políticos mayoritarios proscriptos y/o abiertamente fraudulentas, que recordaban etapas supuestamente superadas del orden conservador. El panorama en la sociedad y sus órganos políticamente activos no podía ser peor. Universidades y sindicatos intervenidos, actividad política prohibida y persecución política abierta, nula libertad de expresión y libertad de reunión restringida, habeas corpus menoscabado y garantías constitucionales violadas. De esta forma, la sociedad, empujada por la élite política y militar, entró en una etapa de gobiernos autoritarios en los que toda política mayoritaria quedó suspendida y todo derecho político en el limbo.

Mientras cualquier institución con legitimidad electoral estaba en crisis ante un ataque al Estado de Derecho -sobre todo Presidentes pero también gobernadores, legisladores, intendentes o concejales-, la gran estructura del Poder Judicial se mantuvo estable o fue nuevamente una aliada estratégica. La Acordada de la Corte de 1930 se reafirmará, por ejemplo, en el golpe de 1943. Fueron más las continuidades que las discontinuidades después de cada ruptura. Lamentablemente, ese dato no debe sorprender, ni histórica ni actualmente. 

En el final de la primera década del siglo XXI, en contra de lo que se puede pensar, observamos que los golpes de Estado no son piezas arqueológicas del museo de la memoria, sino tristes y dolorosas realidades. Luego de tragedias históricas y de enormes cicatrices en la memoria colectiva latinoamericana, resulta preocupante que nuevamente en Honduras una Corte Suprema haya convalidado y -junto a otros actores-  concertado un golpe de Estado. Se repitió la historia de las cortes supremas que en lugar de realizar esfuerzos políticos e institucionales por el Estado Democrático de Derecho, por soluciones no violentas de las tensiones e intensos conflictos en el marco de las instituciones democráticas, parecen promover junto con otros protagonistas -las fuerzas armadas y la oposición-, las interrupciones de los gobiernos constitucionales, colaborando con las "transiciones forzadas", aceptando políticamente e impulsando judicialmente al "nuevo gobierno". Una vez más, en lugar de garantizar las precondiciones del autogobierno colectivo, de reclamar (más) legitimidad y legalidad, se intenta dar un escudo legal, una ficticia legalidad, a la más pública y frontal ilegitimidad.

Tomando en consideración lo que sucedió el pasado año en Ecuador y en sintonía con la decisión de incluir la "cláusula democrática" en diferentes órganos regionales, cabe preguntarse si los máximos tribunales latinoamericanos seguirán con el patrón de débil compromiso con mínimos estándares de legitimidad democrática, como el caso de Honduras pareció reforzar -incluso si justificase su actuar apelando a supuestas defensas republicanas- o si dicho patrón está cambiando. En otras palabras, ¿Lo sucedido en Honduras será un anacronismo propio de lo peor del siglo XX -esto es, golpes de Estado, rupturas democráticas y violaciones sistemáticas de derechos- o, por otra parte, será una nueva etapa en el clásico rol de las Cortes frente a las futuras "transiciones forzadas" y nuevas modalidades de golpes de Estado en el siglo XXI?

Más allá de toda respuesta posible, es claro que la mejor defensa de las instituciones democráticas no está íntimamente vinculada con la protección judicial, ni con las bienintencionadas cláusulas que específicamente quitan toda posible legitimidad y legalidad a indeseables golpes de Estado, sino que está unida inseparablemente a la democracia como una forma de vida social. Las prácticas democráticas, la movilización política de mayorías  y el ejercicio de los Derechos Humanos, como motores de tensiones y diálogos, son la garantía social para la protección de la legitimidad del gobierno y de los derechos de la sociedad. 

Cuando la cultura política de la sociedad, en todas sus esferas -a pesar de cualquier diversidad interna- incorpora en sus prácticas sociales, en sus partidos, en sus organizaciones civiles y en sus instituciones políticas a la democracia y al respeto de la legitimidad democrática que conlleva mayor legalidad democrática, la posibilidad de que cualquier crisis política y económica devenga en quiebres abruptos se reduce de forma notable. Así como, a lo largo del pasado año, la comunidad GLTTB tomó la igualdad y los derechos constitucionales, y los estudiantes secundarios y universitarios tomaron el derecho a la educación y protesta;  los movimientos sociales y los operadores comunitarios de los Derechos Humanos en las últimas tres décadas han tomado con compromiso el lenguaje de la ley, utilizando este registro políticamente, en el mejor de los sentidos, para expandir los espacios de legitimidad democrática, mejorar las precondiciones sociales de la democracia y reforzar los siempre frágiles derechos contra cualquier amenaza del pasado.-

Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (UBA/CONICET)

La Corte Suprema en 1930 - AGN
Foto: Archivo General de la Nación.

lunes, 8 de septiembre de 2014

Convocatoria para concurso Corte Penal Internacional - UBA



Difundimos la convocatoria para representar a la Facultad de Derecho, UBA en el concurso de simulación judicial de la Corte Penal Internacional, acá más información.

Salud!

martes, 2 de septiembre de 2014

El hiprepresidencialismo constitucionalizado: Alberdi y la reforma de 1994


Publicamos esta nota acá en Infobae analizando dos hechos conectados de forma azarosa y simbólica durante la semana pasada: Primero, los 20 años de la reforma constitucional, reforma constitucional justificada y defendida bajo la falsa cortina de humo y la hermosa retórica de modificar el legado alberdiano, atenuar el presidencialismo, no aumentarlo como sucedió. Segundo, la celebración del día del Abogado/a que se conmemora por el día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi en 1810.  

Solemos afirmar que hay interrelaciones muy fuertes entre Sistema Político y Derechos, Presidencialismo y Libertades, el presidencialismo afecta la calidad de los derechos de todos, desde los derechos sociales hasta los derechos más clásicos como los derechos patrimoniales. Sin duda, vemos esa conexión entre la forma en la que se puede "abogar" en un sistema con un poder judicial ineficiente, lleno de conflictos de interés y parcial y un poder concentrado a nivel político, corporativo y económico: ¿Qué perfil de abogado dará, generará, esa sociedad, ese contexto institucional? ¿Cuáles son los incentivos hacia el abogada/o con esos dos frentes -o más- interactuando? La transcribimos y ya la seguiremos.

primero como tragedia constituyente, luego como farsa prostituyente - República de la Boca 2009
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Alberdi y la reforma de 1994: El hiperpresidencialismo constitucionalizado


“Las minorías son soberanas donde las mayorías son imbéciles”
Juan Bautista Alberdi, 1871.

El pasado viernes 29 de Agosto muchos celebraron el día del Abogado. En dicha fecha se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi (San Miguel de Tucumán 1810 – París, Francia 1884) gran publicista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución Nacional de 1853. En coincidencia, la semana pasada también se cumplieron veinte años del primer intento de reforma del legado alberdiano: La reforma constitucional de 1994.

La impronta de Alberdi está marcada a fuego en el sistema constitucional y en nuestra cultura hasta hoy: Él fue quién diseñó el presidencialismo autóctono. Las clases políticas posteriores lo consolidaron y la cultura autoritaria del Siglo XX lo distorsionó hacia su forma más nociva: El hiper-presidencialismo (comentamos esa evolución/involución acá). Alberdi pensaba que la Argentina del Siglo XIX necesitaba un poder concentrado equivalente al de un dictador -sus palabras textuales- pero con ciertos límites constitucionales. La república posible,  para Alberdi y sus contemporáneos, era la de un “Rey sin corona”, un “monarca electo”, pero electo por sus pares, por la elite de la república aristocrática establecida por esa Constitución.

Paradójicamente, la reforma constitucional de 1994 estableció como objetivo central, Pacto de Olivos mediante, “atenuar al presidencialismo” para así “evitar los quiebres institucionales”, teniendo en consideración los seis golpes de Estado del Siglo XX en Argentina. En síntesis: Su objetivo era reformar ese esquema alberdiano, hacer al sistema más republicano y democrático, menos autoritario y aristocrático.

El proceso de reforma de 1994 se justificó, una y otra vez, bajo la retórica de “descentralizar el poder” y transformar el sistema político, hacerlo más estable y moderno. Sin embargo, el texto constitucional resultante de la convención constituyente de 1994 expandió los poderes del presidencialismo otorgando legalidad a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) o a la delegación legislativa que suele alimentar emergencias económicas y que convierte en “regla” los Estados de excepción por tiempo indeterminado.

Tres tristes tópicos resultan notables a veinte años de la reforma constitucional de 1994:

1. El carácter oscuro y hermético, abiertamente antidemocrático, del Pacto de Olivos y de la condicionada reforma constitucional no podía traer una mejor democracia. Siempre los medios condicionan los fines. Un pacto secreto y a espaldas del pueblo no podía producir más democracias ni mejores derechos. Un pacto de elite entre dos presidentes no podía limitar al presidencialismo y expandir la democracia.

2. La reforma de 1994 legalizó las facultades legislativas del ejecutivo. Al aceptar la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, se consolidó constitucionalmente el hiper-presidencialismo. En nuestros días, la Constitución permite algo que su texto anterior prohibía: declarar la emergencia económica y delegar poderes legislativos en el ejecutivo.

3. La reforma constitucional no produjo como resultado una Constitución para una democracia deliberativa, fuerte, inclusiva, dinámica, horizontal y un más razonable sistema de frenos y contrapesos. Todo lo contrario: la Constitución actual consolida legalmente una democracia delegativa con sus ciclos de concentración de poder y crisis recurrentes. En lugar de contrarrestar una práctica política negativa, la Constitución termina estableciendo los incentivos políticos de la concentración del poder y de la delegación en los ejecutivos que alimentan las crisis en loop.

Lo que antes era un resultado de la práctica política contraria a la Constitución, actualmente se encuentra expresamente permitido en el texto constitucional.

Veinte años más tarde sigue pendiente proyectar una reforma democrática del legado alberdiano que transforme cualitativamente tanto el texto constitucional como nuestra cultura política presidencialista.-

viernes, 29 de agosto de 2014

Feliz día del abogado/a para todos!


abogadas y abogadas en bronce, colgando los títulos - Mataderos 2011

"Los abogados son aquellas personas que contratamos para defendernos de los abogados" decía Elbert Hubbard y entonces pienso en los viejos y nuevos amigos, viejos y nuevos alumnos y toda la gente extraordinariamente generosa que conocí con el derecho por latitudes varias. Por eso: Feliz día del abogadx! a todos mis amigxs obreros de la ley, los burócratas sensibles, los luchadores de los expedientes, los militantes de los derechos sociales y mis colegas de las tizas legales y aulas de justicia: Para todos ustedes mi saludo y cariño incondicionalidad. Fuerza!

Para los abogadxs del lado oscuro de la fuerza, los amigos de las corporaciones político-económicas-judiciales, los caranchos y los hipócritas profesionales, la indiferencia y el olvido. 

Justicia y salud para todxs!

lunes, 25 de agosto de 2014

Táctica y estrategia: Los jueces como actores estratégicos


informe sobre ciegos, túneles hacia los expedientes de guerra - Buenos Aires 2013
En estos escenarios de aparente reordenamiento electoral, de fricciones políticas, de diálogos secretos, de traspasos institucionales y juegos de seducción, se suele enfocar todo -y no sin su respectivo show dramático y histriónico, siempre curioso- en las conformación de nuevos espacios, alianzas y en los pases del fin del campeonato de gestión democrática.


Para nosotros eso suele generar una pérdida de focos. No hace olvidar que los jueces son también actores estratégicos pero con un público y un control, accountability, diferente. Por eso escribimos esta nota, sobre instituciones y comportamiento estratégico, para comenzar, introducir tímidamente, un tema apasionante y subexplorado por estas latitudes: El comportamiento estratégico en la órbita judicial. La publicamos en Infobae como cada lunes, acá.

La transcribimos y seguimos. Salud!

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Los jueces como actores estratégicos.

En cada fin de ciclo los actores políticos se reacomodan en el escenario electoral y político. Alianzas, cruces, libro de pases, diálogos, coqueteos, pactos y formación de coaliciones son la regla en esos tiempos. Los nuevos contextos y necesidad electorales hacen que viejos adversarios compartan, con grados diversos de contradicciones y tolerable hipocresía, espacios políticos, actividades de campaña, listas y proyectos de gabinetes de gobierno.

Los tribunales, bajo la montaña de expedientes, sus formas judiciales y solemnidades legales, son parte importantísima de ese cambiante escenario político y actúan estratégicamente para actuar ante tableros de alta complejidad y juegos que mutan.

Es por eso que dos espacios relevantes, los abogados y los jueces, están en plena campaña electoral para elegir sus representantes del siempre débil pero relevante Consejo de la Magistratura Nacional. La primera elección luego de los intentos de reforma del poder judicial impuestos en el marco de la mal llamada “democratización de la justicia” (que criticamos acá y acá). Es innegable que la actividad política, a veces más corporativa que partidaria, a veces más partidaria que profesional, es parte de la Asociación de Magistrados y de los Colegios de Abogados y que esas elecciones tendrán efectos políticos en sus respectivas esferas.

Sin embargo, votar y elegir representes no agota la política democrática y esto no es excepción en los ámbitos propios de juezas/jueces y abogadas/os. Así como la elección de los representantes no agota nuestras acciones en democracia, los jueces necesitan evaluar estrategias al momento de tomar sus decisiones en contextos de cambios de gobierno local (CABA), provincial o nacional. Todos los poderes judiciales están sujetos a interacciones de autoridades cambiantes y transiciones de gobiernos de sus respetivos ámbitos, por ende, necesitan negociar presupuestos, políticas institucionales y lidiar con decisiones conflictivas.

Históricamente, se ha estudiado la tendencia de los actores judiciales de cambiar su relación con el poder político, en especial, en la recta final de los gobiernos o en escenarios de cambios, desde el ámbito de las ciencias sociales y la política comparada. Bajo este paradigma, todos los jueces, desde la Corte Suprema hasta sus tribunales inferiores, los jueces en general, tienden a actuar de forma más “independiente” en la etapa final de los mandatos presidenciales o gubernamentales con el objetivo de distanciarse del gobierno que los nombró, permitió consolidar sus mayorías estables o del que fueron su principal aliado para la concreción de políticas de Estado del gobierno nacional o en el círculo del propio poder judicial.  

En nuestra historia política reciente fallos de la Corte Suprema como “Verrocchi” (de Agosto de 1999) que pretendió limitar retóricamente los decretos de necesidad y urgencia, “Smith” (de Febrero del 2002) que declaró inconstitucional el corralito o “San Luis” (de Marzo del 2003) que hizo lo propio con la pesificación, fueron algunas decisiones judiciales estratégicas de alto impacto institucional, aunque de baja credibilidad para una opinión pública muy escéptica de la labor de los jueces, dirigidas a dar señales de distancia y desapego, de simulada independencia judicial y sintonía política en tiempos de cambio de gobierno.

En esa línea, cabe recordar, el “show de los procesamientos” en el fin de la década de los noventas, teniendo a María Julia Alsogaray y Víctor Alderete como estrellas recurrentes de un sinnúmero de expedientes de corrupción, o en los coletazos de los gobiernos de De la Rúa y el propio gobierno provisional de Duhalde fueron parte de la mismas resonantes acciones con alta impacto mediático.

Los jueces, sin duda, no toman todas sus decisiones únicamente en términos estratégicos. El derecho, la coyuntura, sus propias carreras judiciales y/o políticas, el impacto institucional y/o mediático, el temor prudencial a las amenazas de juicio político, en un muy extenso y complejo etcétera, son algunos de los factores que entran en consideración a la hora de decidir. A pesar de ello, en tiempos en los que la arena política está en transformación, los jueces no son ajenos al cálculo político y la estrategia electoral a la hora de tomar sus decisiones.


Es por ello que solemos repetir que la justicia es un ideal exigente, un horizonte crítico y aspiracional; mientras que el poder judicial es una institución política que no puede escapar al cálculo estratégico y la estrategia electoral.-

Nexos

Nexos