miércoles, 23 de abril de 2014

Ecos sobre linchamientos, derecho e inseguridad: El linchamiento de la política y el derecho / Berti y Auyero


en el ojo de la tormenta social - Buenos Aires 2013
Nos hicieron con mucha prisa una pequeña entrevista/nota para una revista de gran tirada. No salió publicada por cuestiones editoriales, azarosas y coyunturales. Cosas que pasan. Al menos prometieron publicarla el mes que viene y retribuirla de todas formas, cosa que es, en sí mismo, un milagro bienvenido en mi caso. Sale por acá con título y un poco de redacción para darle sentido a la nota que originalmente era una entrevista. PD: Y de paso recomendamos la excelente nota de María Fernanda Berti y Javier Auyero publicada en Clarín sobre la violencia social privada como otra cara de la violencia pública, acá.

Salud!

El linchamiento de la política y el derecho

Muchos análisis se concentraron en la ausencia del Estado ante la aparición de los linchamientos y sus efectos, debates, mediáticos. En contraste, me gustaría explorar otra idea y ver cómo el Estado, la clase política y la sociedad alimentan esa violencia social.

A contramano de la mayoría de las reacciones que se pudieron observar, lo que uno puede pensar, es que en lugar de más justicia social, con políticas inclusivas, educativas y culturales, el discurso político y el Estado fomentan irresponsablemente más justicia penal, más violencia institucional como respuesta a profundos y complejos problemas sociales. Difícilmente más policías, más cárceles y penas más duras solucionen las desigualdades y los pozos de violencia social que se han formado bajo la indiferencia del sistema político. La autonomía de la policía, la militarización de los barrios y la crisis policial federal de diciembre pasado (con la puja por el salario policial vis a vis la actual puja docente) es sintomática de una presencia del Estado que refuerza los conflictos sociales y le suma una violenta complejidad. Sin duda esta situación tiene componentes que pueden ser explosivos de no ser reducidos, de seguir la situación de inercia política.

Además, el derecho y el poder judicial en el proceso penal posee un conjunto de "linchamientos" disfrazados de autoridad y con justificaciones legales. "Linchamiento policial" por portación de cara, merodeo, etc con Códigos de Faltas inconstitucionales, sin garantías o prácticas de persecución selectiva, clasista, de género y específicos grupos raciales y sexuales, etc. personas que llegan a un juicio abreviado que resulta ser el "linchamiento judicial" frente a una prisión preventiva que siempre es excesiva y terminan negociando con el sistema el "linchamiento penitenciario" que implica tortura, violación sistemática de derechos humanos y el infierno mismo bajo la órbita del Estado en la cárcel. 

Todo ello resulta más violento cuando lo contrastamos con las prescripciones, dilaciones y las impunidades federales de procesos de corrupción como, por mencionar un caso resonante, los del ex-Presidente De la Rúa. Eso contrastes del "Estado de naturaleza" -ya naturalizados, si se me permite el juego de palabras- dentro del derecho también son alarmantes e igual de salvajes, igual de injustos. 

Para ponerlo blanco sobre negro: El poder judicial no es la Justicia, más policía no es más seguridad y la justicia por mano propia es venganza asesina. Ahora, más allá de estas aclaraciones, los operadores del derecho en todo nivel de la estructura del Estado y, especialmente, del Poder Judicial, junto con la clase política tienen una responsabilidad especial en dar respuestas razonables, políticas públicas acorde a los derecho humanos en juego y reducir la violencia simbólica y mediática, para enfrentar un escenario complejo  de desafíos sociales que la sociedad está manifestando.

Lucas Arrimada es Profesor/Investigador en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, UBA."- 

domingo, 20 de abril de 2014

Osvaldo Bayer y la patagonia rebelde: Anarquía y tango


una pared que sueña violines - Buenos Aires 2013
Hace unos días vimos al Quinteto Negro de La Boca en el CAFF en una gran actuación junto a Osvaldo Bayer, interviniendo con toda su dignidad, leyendo sus letras, contando sus historias, tendiendo puentes entre tango y anarquía, amor y rebeldía en la cultura del arrabal, especialmente en el ya inexistente barrio del Abasto, en su corazón ausente. El Quinteto Negro sonó impecablemente y estaba acompañadado por un gran grupo de personas talentosas como el gran Andrés Vázquez (de la murga Falta y Resto), Malena D'Alessio (de Actitud María Marta), Rodrigo Perelztein, Natalí Di Vincenzo, Hernán Fernandez, Martín Pitu Frontera, Cholo Castelo (Quiero 24), Dema (la petitera), Lucas Furno (gran Violín), entre otros invitados que suelen rotar y sumarse.

La web del Quintento, que volvemos a recomendar, especialmente pero no únicamente, en las presentaciones que haga con Osvaldo Bayer y equipo de lujo tanguero, acá.

Producto de este gran descubrimiento, el otro día pregunté en clase si alguien había visto "La Patagania Rebelde" de Héctor Olivera con ese elenco increíble y plural de actores, una película que ya tiene cuarenta años -es de 1974- pero sin duda es uno de los clásicos del cine argentino y quizás latinoamericano. La respuesta fue un silencio casi total. Dos patagónicas la habían visto y un lúcido alumno formoseño se sumó al 10 por ciento en mi encuesta espontánea. Dignas excepciones que ahora queremos expandir subiendo la película y acompañando dos de las letras de Osvaldo Bayer en el último disco del Quinteto Negro de La Boca (QNLB).


Salud!!

--..--


Patagonia Rebelde


(letra: Osvaldo Bayer y Malena D’Allesio/ 
Música Pablo Bernaba)  

El Sur
Patagonia rebelde se levanta
Las peonadas gritan queremos
Libertad
Justicia
Hermandad!

Pero los dueños de toda la tierra
Les declararon una guerra
Y los gauchos
Dejaron
De soñar

¡A toda bala
Coronel, no más!
¡A toda bala!

Así fue
La palabra contra el fusil
Cayeron cien , cien y mil
Balas, 
dolor y muerte 

¡Gauchos!
Argüelles y Facón Grande 
Dieron el cuerpo y el alma
pero las balas
Mataron los sueños

¡A toda bala
Coronel, no más
A toda bala!

Una masacre a sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente
Las voces que se escuchan son del sur del continente,
Vienen atravesando casi un siglo ya de historia,
trayendo atragantado ese reclamo por victoria
inconclusa, ensangrentada, fusilamiento en masa la lucha no es doblegada, 
Masacre contra miles, rebeldes contra serviles, las tierras son de los mapuches, usurpadas por elites, estériles, ya basta
Dijeron y aclamaron, la vida no se subasta, 
A fuego lento iba cocinándose la gesta,
Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones
Protestas, asambleas, intimidaciones
El enemigo es grande es casi un monstruo omnipotente
Ejércitos salvajes sanguinarios traicionando gente
Allí donde la toma de conciencia nos da cita
Donde mueren los miedos y la historia resucita
Allí donde la indignación expulsa los lamentos
Donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos

La sangre patagónica solo será vengada 
cuando la justicia truene y arda como llamarada

Tus hijos de la tierra héroes son
Tus héroes son….para siempre….Patagonia

Patagonia Despierta 


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Cara mía

(letra: Osvaldo Bayer 

música: Pablo Bernaba)

Cara mía,
Fina mía.
tengo fiebre, por tu amor
tiembla todo mi cuerpo.

El me escribió
en la cima del amor.
Te ama el más perseguido,
Si, te ama tu fiel Severino.

Te acordás ?
del beso aquél, que fue la miél
así empezó nuestro querer
entre caminos clandestinos 
y sueños de liberación...nació este amor
que nunca se termina , aún hoy persiste
Eterno, Siempre estás en mí.

Descalzo vas
hacia el final
desafiando a la muerte 
caminás al abismo
Te acordás ?
del beso aquél, que fue la miél
así empezó nuestro querer
entre tus libros de anarquia
y sueños de liberación...nació este amor
que nunca se termina , aún hoy persiste
Eterno, Siempre estás en mí.


--..--



martes, 15 de abril de 2014

Razones para no regular la protesta - Le Monde Diplomatique (El Dipló)


En la edición de abril de El Diplo, la edición del cono sur de Le Monde Diplomatique, publicamos esta nota sobre derecho a la protesta y su regulación, acá. Más tarde la ajustamos un poco en la edición. Mientras tantos la transcribimos abajo. Salud!

la vida como una biblioteca llena de miradas - París 2014


Razones para no regular la protesta

El derecho constitucional a la protesta, más allá de su legitimidad y legalidad, constituye uno de los pilares de la vida en democracia. Su judicialización y criminalización es una forma sutilmente violenta de sedar y silenciar los conflictos.

Por Lucas Arrimada*

Desde los primeros piquetes en el conflicto social de Cutral-Có en plena era menemista, pasando por los cortes de rutas de los medianos productores rurales junto a la Sociedad Rural hasta las movilizaciones opositoras al gobierno de Cristina Kirchner (8N) de años recientes, los más diversos actores sociales y políticos han canalizado sus reclamos por la vía de la protesta social en las últimas tres décadas de democracia, incluso cuando tenían otros canales institucionales y no institucionales disponibles. El movimiento de derechos humanos y sus detractores, ahorristas y jubilados, obreros tercerizados y clases medias y altas de los centros urbanos ganaron las calles, ocuparon el espacio público, para expresarse y hacerse escuchar.

No todas las protestas tienen la misma entidad, no todas comparten la misma legitimidad ni encuadran en el derecho a la protesta de manera justificada. Pero siempre hay que escuchar a los que protestan. Expresan algo que el sistema no escucha o no sabe traducir a su lenguaje. Las protestas sociales son una muestra de los límites, las inercias e incapacidades del sistema político para dar respuestas a necesidades, reclamos y conflictos dentro de las instituciones democráticas. Es necesario por lo tanto que esos conflictos estén mediados políticamente en el sistema democrático. Burocratizarlos, legalizarlos, judicializarlos y/o criminalizarlos son respuestas institucionales que refuerzan las incapacidades de la democracia para resolver fenómenos políticos y sociales.

 ••• La protesta como práctica y como derecho incluye diferentes y superpuestas formas de expresión política de un colectivo diverso: los cortes de rutas, las movilizaciones, las huelgas, los cortes de servicio, los cacerolazos, la ocupación de espacios públicos, etc. Para analizar la legitimidad y legalidad de las protestas siempre se debe analizar caso por caso. No obstante, hay muchas razones constitucionales que han construido al derecho a la protesta como una práctica de la cultura democrática. 

El derecho a la protesta es uno de los pilares fundacionales del constitucionalismo y de la defensa de la democracia. La protesta es una forma de libertad de expresión (Art. 14 y 32 CN), además de una forma de peticionar ante las autoridades (Art. 14 CN), una de las formas del derecho a reunirse, asociarse y actuar en la arena política dentro y fuera de los partidos políticos (Art. 37, 75 inciso 19, CN), conectado a derechos a resistencia y desobediencia civil (Art. 36 CN), una forma de participación política que proyecta a la democracia más allá del voto y de un sistema institucional que usualmente es incapaz de procesar sus reclamos y se cierra corporativamente (Art. 22 CN). Todas estas facetas se refuerzan con el catálogo de derechos incorporados por los tratados de derechos humanos (Art. 75 inciso 22 y ss, CN). 

La Constitución tiene pasajes anacrónicos que deben ser reformados, sobre todo cuando dice “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” (Art. 22 CN). En esas líneas la Constitución parece, a primera vista, consolidar una democracia delegativa, es decir, una democracia representativa cerrada a la participación política. Se establece que la democracia es votar y delegar todo en los representantes; una concepción inaceptable. La democracia va mucho más allá del voto y de los partidos políticos.

La práctica política superó al texto de la Constitución y relegó esos pasajes al museo de la república aristocrática junto al “fomentar la inmigración europea” (Art. 25 CN) o al aristocrático y desigualitario requisito de propiedad de “2.000 pesos fuertes” (Art. 55 CN) para ser Senador, Juez Supremo o Presidente. En contraste, la reforma constitucional de 1994, con todos sus defectos, incorporó fundamentos adicionales para dar contornos al derecho a la protesta como una forma de acción política en situaciones de quiebre del Estado de Derecho (Art. 36 CN) y así superar esa concepción obsoleta de democracia, ciudadanía y cultura política.

Más allá de los argumentos del derecho, la protesta es una práctica cultural asentada y aceptada, no sólo por los actores políticos sino por la sociedad. Todos los sectores políticos en Argentina han construido una práctica social con el derecho a la protesta. Asimismo, la protesta como forma de libertad de expresión y construcción política social es parte de la cultura política latinoamericana. La cultura política de las posdictaduras, vinculada a los diferentes procesos de justicia transicional y a las luchas por la memoria, la verdad y la justicia frente a la violación de derechos humanos, construyó y consolidó el derecho a la protesta como llave de acceso.

 ••• Los conflictos sociales, ambientales, gremiales, territoriales y económicos han tenido históricamente como respuesta la persecución judicial y la criminalización. La legislación penal y el poder judicial como herramientas y actores de control social suelen tener un rol conservador, de obstáculo al cambio social. Se criminaliza para censurar. La protesta comunica, denuncia y pone en el foro público información, tensión, problemas. Los costos de criminalizar la protesta son muy variados dependiendo de los contextos y las comunidades políticas provinciales. La tasa de criminalización tiene como variable la relativa autonomía de los actores judiciales (jueces y fiscales) y políticos y las reacciones institucionales del gobierno nacional. La solidaridad hacia dentro de los movimientos sociales y las minorías activas en los partidos políticos de la más variada orientación resulta fundamental en estos casos. Sostener una práctica social –la protesta como herramienta colectiva– es defenderla en la cultura política inclusiva y transversal (1). Cuando la represión tradicional de los conflictos es costosa públicamente, la estrategia judicial suele ser vista como una vía institucional –aunque igual de violenta por la amenaza de la coerción penal– canalizada por “la justicia” –entiéndase una forma de legitimar estratégicamente al poder judicial–, en el lenguaje opaco del derecho y con supuestos argumentos legales que encubren la persecución política. Se usa la vía de la criminalización como amenaza legal para perseguir a líderes, reprimir el conflicto y debilitar a los movimientos sociales (2). La Corte Suprema de Justicia de la Nación tampoco ha dado respuestas sobre el derecho a la protesta. Se ha preocupado y esforzado en otras áreas de la libertad de expresión como la “publicidad oficial” con claros guiños a las corporaciones mediáticas por sobre otras formas de libertad de expresión vinculadas a los movimientos sociales y a la sociedad civil. La sensibilidad ante las corporaciones políticas y económicas es regla histórica de la Corte Suprema.

En esa línea se enmarca la Ley Antiterrorista y la interpretación clásica de la Constitución y del derecho penal respecto de los cortes de rutas en típicos fallos como “Alais” y “Schiffrin” (3). Se instrumentaliza al derecho penal para perseguir líderes, procesarlos y mantenerlos en el limbo kafkiano del proceso judicial rodeados de abogados proyectando amenazas hacia los colectivos movilizados. Judicializar y criminalizar resulta una vía sutilmente violenta de sedar y silenciar el conflicto social.

 ••• ¿Cómo regular la protesta sin castrar su potencial vitalista, su capacidad espontánea de comunicar rápidamente necesidades y reclamos? ¿No pierden los sectores más débiles su última carta? Cada protesta debe analizarse en su legitimidad y legalidad con una presunción a favor. Puede haber protestas ilegítimas e ilegales y aun así la respuesta penal ser inaceptable e indeseable. Estamos ante el ejercicio de libertad de expresión y derechos políticos vitales para una democracia. Por lo tanto, reglamentar la protesta puede significar restringir una vía excepcional; la única y última carta. En muchos casos sería regular, restringir, el volumen del grito de los que ya tienen una débil voz. En contraste, quienes poseen recursos para comprar libertad de expresión en las corporaciones mediáticas lo seguirán haciendo.

Las protestas de aquellos que no tienen otras vías ni canales institucionales para comunicarse, que agotaron los recursos, operan como la última opción ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político. Ahora bien, si se regula la protesta y se comienzan a solicitar formularios, permisos, días y lugares especiales, etc, se consolida la burocratización y censura administrativa y judicial del derecho a la libertad de expresión de muchos grupos que no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para traducir sus pedidos ante la autoridad pública. La protesta como acción comunicativa, como ejercicio de la libertad de expresión, no puede pedir permisos sobre todo cuando están comprometidos sectores marginados y excluidos.

El sistema político debe abrir canales de comunicación dialógicos, más ágiles, y capacitar a sus operadores e instituciones para evitar la clásica respuesta represiva en base a la decisión de un juez que ni siquiera visitó el escenario del conflicto. Especialmente, en un contexto como el actual en que la gendarmería se encuentra “combatiendo la inseguridad” en las calles y la policía sigue sin control democrático (4). La violencia institucional recurrente que surge del Estado es producto de una incapacidad para generar esos espacios de negociación y mediación políticos con el conflicto social. Sin duda, no todo conflicto podrá resolverse fácilmente, habrá paralización, nuevas negociaciones, habrá protestas que aunque ilegítimas deberán ser aceptadas. Ante la duda, siempre se debe priorizar el derecho de protesta. Esa es la obligación que nace de la Constitución y de la política democrática.

 ••• Si se piensa y ejerce a la protesta como una herramienta de comunicación política es necesario preguntarse si su vigencia y poder comunicativo siguen siendo exitosos o si deben ser repensados, cuestionados y reformulados. Habida cuenta de que existe una práctica consolidada y hay argumentos legales para consolidar el derecho político a protestar, los movimientos sociales y políticos pueden discutirla en su seno. No es contradictorio defender el derecho a la protesta a un nivel político y legal, y al mismo tiempo repensar sus éxitos, límites y aristas contraproducentes. Reflexionar sobre una herramienta puede mejorarla y fortalecerla.

Sin duda, las protestas sociales en momentos de alta polarización y descontento social generan una fricción política que produce un alto desgaste en el sistema institucional y en los movimientos sociales. Frente a tiempos económicos complejos, el derecho constitucional de protesta debería ser resguardado de la ola conservadora que pugna por su restricción y/o criminalización sutil. Esas estrategias deben ser repelidas por la práctica histórica y por razones legales. La acción cultural de movilización y protesta consolidada en toda la sociedad, ejercida en contextos de cortes de luz, de protestas salariales, de descontento con medidas económicas o con la inseguridad, las reivindicaciones históricas, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, es la mejor defensa del derecho a la protesta. Es una defensa cultural, de práctica política ascendente. Ejercitar el derecho es alimentar su existencia. Paralelamente, vendrá el momento del fundamento legal, de repeler la persecución judicial con los argumentos que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos consolidan.

La práctica política, constitucional y democrática de los últimos treinta años debería consolidar al derecho a la protesta como el primer derecho, el derecho político de participar en la protección de todos nuestros derechos y en la expansión de la democracia como forma de vida.

1. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales, El Colectivo, Buenos Aires, 2009, www.editorialelcolectivo.org
2. Informes CORREPI, Boletín Informativo 688-709, Buenos Aires, 2013. Véase http://correpi.lahaine.org/ y especialmente el Informe anual de la situación represiva, noviembre de 2013.
3. Roberto Gargarella, El derecho a la protesta, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.
4. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Derechos humanos en Argentina: Informe 2013, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013, págs. 237 y ss. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

* Abogado (UBA), Profesor de Derecho e Investigador en “Derecho Constitucional” y “Estudios Críticos del Derecho” en la Facultad de Derecho, UBA. 

lunes, 14 de abril de 2014

Convocatoria número especial Revista Gioja: A 20 años de la reforma constitucional


Recién salida de horno pueden ver a continuación la nueva convocatoria de la Revista Electrónica del Instituto Gioja (Derecho-UBA) para su número especial sobre la Reforma de 1994 a 20 años! Seguramente hay muchas expectativas que el número especial no defraudará. 

Se agradece difundir. 
Salud!!

--.-- 

La Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja invita a la comunidad académica a participar de la convocatoria para presentar artículos para su número especial titulado “A 20 años de la reforma constitucional: logros y desafíos pendientes” a publicarse en el segundo semestre de 2014. Pueden participar como autores de artículos de la Revista a
cadémicos del derecho y demás disciplinas o áreas afines, tanto del país como extranjeros.

Los artículos que se publicarán serán seleccionados por el Comité Editorial de acuerdo a criterios de evaluación establecidos en su reglamento y al concepto emitido por los pares evaluadores. 

Los artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido publicados parcial o totalmente. Deberán ser enviados a revistagioja@derecho.uba.ar y estar adecuados a nuestras normas de publicación, que pueden ser consultadas acá.

 Envío de artículos hasta el 15 de agosto de 2014 

 Informes: revistagioja@derecho.uba.ar

viernes, 11 de abril de 2014

V Jornadas "Debates actuales de la teoría política contemporánea"


Quinta edición de las ya clásicas jornadas de "Debates actuales de la teoría política contemporánea". 


Resúmenes: Los participantes deberán enviar un resumen de no más de una carilla antes de los siguientes días:
. Primera fecha de entrega de resúmenes: 1 de Abril 
última fecha de entrega de resúmenes: 17 de Abril 
Más info en www.teoriapoliticacontemporanea.org !!

Salud!

miércoles, 9 de abril de 2014

Programa I Congreso de Derechos Humanos y Garantismo Social UBA


debatir con la demagogia judicial y artística - Palermo 2013
Ahora sí, nos hicieron llegar el programa del I Congreso de Derechos Humanos y Garantismo Social del 24 y 25 de Abril en la Facultad de Derecho, UBA.

Cronograma - I Congreso de Derechos Humanos y Garantismo Social

Día 1
- 24 de abril
14.30hs Acreditaciones. Inicio del Congreso. 

15.00hs Apertura. Palabras en conmemoración de los 99 años del Genocidio Armenio.

15.30hs “DERECHO AL TRABAJO DIGNO: ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO”

- David Duarte: Abogado de la procuración general. Profesor de Derecho del trabajo UBA.
- Diego Tosca: Abogado. Profesor de Derecho del Trabajo UBA. Especialista en Derecho del trabajo.
- Guillermo Gianibelli: Abogado laboralista y asesor sindical. Profesor de grado y posgrado en derecho del trabajo UBA.

17.30hs Intervalo

18.30hs “DERECHOS, NECESIDADES Y CONSTITUCIONALISMO EN AMÉRICA LATINA”

- Lucas Arrimada: Abogado, profesor e investigador de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho UBA.
- Beatriz Rajland: Profesora consulta en Teoría del Estado. Vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)
- Roberto Andrés Gallardo: Juez del fuero contencioso administrativo y tributario de la C.A.B.A. Profesor adjunto regular de Teoría del Estado UBA.
- Diego Morales: Abogado, Director del Área de Litigio del CELS.

Día 2
- 25 de abril

15hs Apertura del Congreso 2do día.
Acreditaciones.

15.30hs “VIVIENDA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD”

- Sebastián Tedeschi: Abogado UBA, integrante de Habitar Argentina, Secretario letrado de la Defensoría General de la Nación.
- Agustin Territoriale: Abogado UBA. Integrante del Observatorio por el Habitat Popular.
- Gustavo Caramelo: Profesor Adjunto de Contratos Civiles y comerciales UBA. Juez del Fuero Nacional Civil Nº1.

17.00hs “CÁRCEL Y SISTEMA PENAL: TRANSFORMACIONES NECESARIAS”

- Paula Litvachtky: Directora del área Justicia y Seguridad del CELS. A cargo del equipo de trabajo sobre privados de la libertad.
- Roberto Felix Cipriano Garcia: ex Director del Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la Memoria. Actual secretario de la procuradoría contra la violencia institucional (PROCUVIN) a cargo del área encierro
- Gabriel Ignacio Anitua: Profesor adjunto del Dpto. de Derecho penal y Criminología de la UBA. Defensor oficial. Director del proyecto de extensión universitaria (UBANEX) “Cárcel y exclusión social: puentes entre el adentro y el afuera”

martes, 8 de abril de 2014

Derecho, poder judicial y linchamientos: Justicia por mano propia y ley penal


Salimos comentando algunas cosas junto a muchos otros colegas en esta muy buena nota que escribió Sabrina Santopinto para el suplemento judiciales de BAE, acá

Gracias por la invitación y salud!

ningún penalista nace garantista inconsistente - Palermo 2011


Justicia por mano propia: Cuando se infringe la ley penal

Lejos de ser actos en legítima defensa, el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni aseguró que los linchamientos se encuadran en el Código Penal como “un homicidio agravado, doblemente calificado: por alevosía y por ensañamiento”, y puede recibir una pena de 30 años de prisión. Se abrió el debate en el ámbito judicial

Por Sabrina Santopinto

El alerta por la inédita ola de linchamientos no sólo es parte de la agenda política sino que también se convirtió en eje de análisis judicial. “Un ladrón y una decena de asesinos”, el abogado Martín Böhmer es contundente al catalogar a estos hechos violentos y encuadrarlos en una visión desde la mirada jurídica. Porque en este plano, más allá de plantear la necesaria discusión en materia de seguridad, el escenario se ve atravesado por un debate de fondo que se debe dar de manera urgente en la sociedad: la dudosamente catalogada justicia por mano propia es un delito, se mire por donde se lo mire.

En este contexto, la definición de Zaffaroni es tajante: “No son ajusticiamientos sino homicidios calificados”. En este hervidero donde crece la violencia social y el descontento popular, se pierde de vista que la sociedad, toda, vive bajo un sistema de normas y legislaciones y en este punto el Poder Judicial tiene un rol preponderante.

“Desde el derecho penal, no hay dudas que los llamados linchamientos son delitos, más allá de que en la actual legislación ni en el anteproyecto de reforma exista tal figura”, explica el abogado especialista en derecho penal y políticas públicas Martin Gershanik en referencia a la legislación vigente. La calificación legal que puede aplicarse depende del caso que se aborde.

“Puede ser homicidio agravado por alevosía o ensañamiento según lo establece el artículo 80, inciso 2, del Código Penal, como el caso de la muerte producida en Rosario, como también tentativa de homicidio o lesiones graves o gravísimas como en muchísimos otros casos (artículos 90 y 92 del Código Penal)”, sostiene Gershanik, y amplía el concepto al indicar que “en el caso del homicidio calificado por la alevosía es posible admitir esa tipificación en función del estado de indefensión de la víctima y la participación de más de dos personas. Estas circunstancias no serían difíciles de sostener en un juicio oral”.

El rol de la Justicia

En este plano se abre un nuevo debate que gira en torno de la dureza de las penas y a cómo deberían actuar los magistrados en su aplicación. “A mi juicio, la Justicia no da respuestas adecuadas, se ha impuesto –no en todos los casos de jueces y fiscales– la tendencia de interpretar la ley de una manera laxa, favorable al que comete el delito. Ello ocurre tanto en materia de interpretación de la ley de fondo –el Código Penal– como de la procesal, especialmente en materia de excarcelaciones y prisión preventiva”, explica a BAE el fiscal Ricardo Sáenz.

Asimismo destaca que en la actualidad no se considera “legítimo” en la opinión mayoritaria que un juez dicte la prisión preventiva haciendo un pronóstico de la peligrosidad evidenciada por el delincuente por haber cometido varios delitos. “Esta interpretación de la Constitución, la ley y los convenios internacionales creo que deja a la sociedad, a los ciudadanos honestos, sean de la clase social que sean, sin la protección que la gravedad de los hechos demanda”, advierte. En ese sentido, el ministro de Seguridad Sergio Berni volvió a insistir con sus reclamos a la Justicia por “la liberación de los presos” y el trastorno que genera en la policía debido a las detenciones permanentes sobre asaltantes. “Vengo planteando la preocupación de la liberación de los presos. He ido a verlo al presidente de la Corte para que los jueces tengan una mirada diferente”, sostuvo. 

Escalada de violencia 

La mecha se encendió en Santa Fe, donde ocurrieron los primeros linchamientos que llegaron a los medios, entre ellos, el de David Moreira, que fue interceptado por un grupo de vecinos mientras desde una moto forcejeaba con una mujer que llevaba a su hija en brazos a quien intentaba sobarle su bolso. Moreira fue asesinado a patadas por un grupo de vecinos, que incluso impidieron que la ambulancia llegara al lugar pese a que había perdido masa encefálica. 

En ninguno de estos casos puede alegarse que las víctimas estaban actuando en legítima defensa, pues es indudable que los autores de los robos (u otros delitos) estaban huyendo o escapando del lugar del hecho y fueron luego aprehendidos por vecinos. Es decir, no había en ningún caso la necesidad de defenderse contra una agresión ilegítima (más allá de la violencia producida por el robo), ni una necesidad de usar la violencia física para repeler tal agresión (conforme lo establece el artículo 34 del Código Penal)”, indica Gershanik, y sostiene que “quienes participaron en estas agresiones no eran las víctimas del delito sino que eran personas que se encontraban circunstancialmente en el lugar. Es así que no se verifican causales legales de justificación que permitan declarar inimputables a estos grupos de violentos”. 

Según el análisis del fiscal y miembro de Inecip, Guillermo Nicora, “matar gente es delito, aunque parezca obvio decirlo”, y ante esta lógica de pensamiento el fiscal indica que el Código Penal tiene varias figuras para encuadrar este accionar: homicidio agravado por alevosía (cuando se aprovecha el estado de indefensión de la víctima), homicidio agravado por ensañamiento, homicidio agravado por odio racial, todas éstas, figuras penadas con prisión perpetua; además, homicidio simple (“el que matare a otro” así de fácil y sin vueltas), con pena de entre ocho y veinticinco años de prisión. “En todos estos casos, por supuesto, habrá que identificar a la persona que asestó el golpe mortal. Porque no los vamos a linchar: queremos darle un juicio justo a cada asesino”, explica. El debate se instaló firmemente entre los actores que plantean iniciativas sobre las que sería beneficioso trabajar, y –todos coinciden– el momento de hacerlo es ahora. 

Endurecimiento de penas 

La ola de linchamientos no sólo generó preocupación entre los actores políticos y judiciales sino que abrió un intenso debate con posiciones contrapuestas: hay quienes sostienen la necesidad de que el nuevo Código Penal apunte a un mayor endurecimiento de las penas, y quienes, por otro lado, advierten que las leyes y sus penas ya son lo suficientemente severas. 

En este plano, el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional señala a BAE Judicial que “el sistema penal más duro no podría ser. Una persona que es detenida sabe que será privada de muchos de sus derechos y no va a tener ningún tipo de acceso a la Justicia. Ésta es la dimensión real que tiene hoy el sistema penal en la Argentina. Considero que hay un desconocimiento o una negación de lo que implica hoy el sistema penal”. En esta misma línea, el fiscal federal Alejandro Alagia advierte que las cárceles están repletas y que “no es cierto que en la Argentina los jueces no son severos. Ya son duras las leyes. Hay una campaña que se basa en la ignorancia explotando la angustia de la gente”.

Sin dudas queda por recorrer un largo camino que apuntará seguramente a mayores controles por parte del Estado, a la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a lograr una mayor seguridad, pero también –como lo sostiene Lucas Arrimada, investigador en Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho de la UBA– “para recrear los lazos sociales en crisis hay que pensar en el mediano y largo plazo y ser consistente en las políticas públicas a sostener para reducir la violencia institucional y social desde una política de derechos sociales. El derecho y sus operadores tienen un rol clave y una deuda enorme frente a estos desafíos”. 

En consonancia, Juan María Rodríguez Estévez, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Austral, consideró necesario restablecer la credibilidad en el sistema legal y de administración de justicia; modificar el sistema de enjuiciamiento penal para responder a las demandas sociales de mayor protección, mayor transparencia y mayor eficiencia en la gestión judicial de los asuntos cotidianos que preocupan a la gente. Una Justicia lenta, de lenguaje complejo y excesivamente formalizada no es justicia, e impide que la gente la asuma como una cuestión propia y esencial para asegurar su vida social en un marco de paz y tranquilad.

“Enfrentar el delito y la violencia requiere de políticas sostenidas, de un debate serio sobre la reforma del Código Penal, de las reformas necesarias del Poder Judicial y de encarar una transformación profunda de todas las policías”, agrega Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS."-

lunes, 7 de abril de 2014

I Congreso de Derechos Humanos y Garantismo Social


La gente de 14 bis nos hace llegar el anuncio del I Congreso de Derechos Humanos y Garantismo Social que organizan los días 24 y 25 de abril en la Facultad de Derecho UBA. Pronto se subirá el programa!


Inscripciones a congresoddhhygarantismosocial@gmail.com
Salud!

sábado, 5 de abril de 2014

Pietro, Rodríguez y De Gori: Tapa de Barcelona sobre #linchamientos y entrevista a Fayt


Tres muy buenas notas sobre linchamientos e inseguridad que salieron esta caldeada semana de Sol Pietro, acáde Martín Rodríguez, acá y de Esteban De Gori acá, todas en orden de aparición o llegada.


La tapa de Barcelona en sintonía a una semana de violencias simbólicas y físicas, aclaraciones sobre lo innecesario y gente justificando la barbarie en nombre de la civilización. Y como yapa la entrevista a Carlos S. Fayt, en la versión digital de la Revista, acá! Nos quedamos con ganas de más preguntas. Salud!

viernes, 4 de abril de 2014

Modificación del artículo 19 del proyecto de Código Civil


hormigas trabajadores, legisladores con desmemorias de elefantes - Palermo 2013
Marisa Herrera, Natalia de la Torre y gran equipo nos hacen llegar la iniciativa para reformar el atropellado anteproyecto de Código Civil con media sanción en el senado. Seguramente recuerdan que este año discutimos desordenandamente dos Códigos a falta de uno. La iniciativa la impulsan el CELS, la CTA, el CLADEM, entre otras agrupaciones y ongs! Apoyamos y difundimos!


Solicitamos a las/os Diputadas/os Nacionales que modifiquen el artículo 19 del Código Civil, con media sanción del Senado, en conformidad con la redacción aquí propuesta.

La redacción del Artículo 19 de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente sancionado en la Cámara de Senadores representa, no sólo una grave afrenta contra los principios constitucionales y toda la estructura jurídica que amplía los derechos de las personas, sino también un notorio retroceso frente a nuevos logros legislativos, principalmente, las leyes 26.618 de Matrimonio Igualitario, 26.743 de identidad de género y de manera más reciente, la ley 26.862 de cobertura médica de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA).

Por supuesto celebramos la posibilidad de contar con un nuevo Código Civil y Comercial para nuestro país. Reconocemos que en muchos aspectos está en consonancia con nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que acata el principio de progresividad de los derechos. Sin embargo, advertimos que no sucede lo mismo con el art. 19 que, según la redacción aprobada en Senadores, atentaría contra los principios de igualdad y no discriminación, progresividad, multiculturalidad, y a la vez, estaría en contra del derecho a la intimidad, la autonomía reproductiva y el disfrute del avance científico, en este caso a la reproducción humana asistida.
Definir el inicio de la vida y la persona humana es controvertido. No hay unanimidad respecto al tema ni desde la filosofía, la ciencia médica, las religiones, ni los posicionamientos éticos, morales y políticos. Una reforma integral del código civil del siglo XXI, que pretende adecuarse a la perspectiva de derechos humanos asumida por nuestro país, no puede adoptar como propia la postura de un sector, que es claramente excluyente de la diversidad de posiciones y avances en derechos ciudadanos y personalísimos consagrados en nuestra CN, Leyes y Políticas Públicas. La redacción del artículo 19 tiene un carácter político y simbólico muy importante. Debe hablar claramente de la necesidad de separar Estado e Iglesia para alcanzar una legislación y políticas públicas laicas, alejadas de prejuicios y fundamentalismos.
El pueblo argentino avanzó muchísimo en términos de reconocimiento y ampliación de DDHH para que de un día para otro, por presión de la jerarquía de la Iglesia Católica y de sectores conservadores de la sociedad que sistemáticamente, se oponen a los avances sociales de grandes sectores de la población, estos logros sean puestos en serio riesgo.
Las técnicas de reproducción humana asistida –TRHA- se llevan adelante en el país hace más de 30 años y permiten, por un lado, que muchos/as niños/as puedan nacer, y por otro, que miles de personas puedan satisfacer su derecho a formar familias plurales. Personas que no podrían acceder a ello sin el uso y alcance de estas técnicas. Las TRHA, son un derecho al goce del avance científico para estas personas.
No se debe caer en la confusión de equiparar fertilización a concepción. El propio Congreso sancionó en 2013 la ley de cobertura médica de las técnicas y procedimientos de reproducción asistida obligando a que los servicios de salud cubran, entre tantos otros procedimientos, la fertilización in vitro. Por lo tanto, ya los legisladores admitían expresamente que el embrión in vitro no es persona; de lo contrario, sería imposible pretender que las obras sociales y prepagas solventen una técnica que implica “manipular personas”, como así también la crioconservación. La coherencia de las leyes es una responsabilidad ética y social de quienes legislan, con el fin de evitar futuros planteos de inconstitucionalidad, además del caos jurídico que se deriva de sancionar legislación abiertamente contradictoria.

Por otra parte, no hay elemento en nuestra legislación actual que justifique la redacción aprobada por el senado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima instancia judicial en la región, en su sentencia en el caso “Artavia Murillo y otros contra Costa Rica del 28 de noviembre de 2012”, defiende el deber y respeto de los Estados por el acceso a la reproducción humana asistida, en especial, la fertilización in vitro, ya que prohibirlo o restringirlo implicaría una abierta violación a varios derechos humanos, entre ellos: a) el derecho a la vida íntima y familiar; b) el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal y la salud sexual y reproductiva; c) el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y d) el principio de no discriminación.
Pero principalmente, este Tribunal - cuyas sentencias son de aplicación obligatoria para la Argentina - se pronunció de manera expresa y elocuente sobre el interrogante central en cuestión: si el embrión es o no persona, sentenciando que no es persona. La Corte afirma que el término “concepción” cuando se trata de reproducción asistida, se produce con la implantación del embrión en la mujer, es decir, a partir de la anidación. Antes de este momento, cuando el embrión está in vitro y fuera del útero, jamás podría llegar a desarrollarse y ser persona.
Incluso la Corte fue más allá, y sobre los embriones intracorpóreos asumió la teoría de que a mayor grado de desarrollo del feto dentro del cuerpo de la mujer, las libertades que las mujeres tienen se achican proporcionalmente a este avance. Esta interpretación es muy importante ya que señala la posición de la Corte a la posibilidad de que las mujeres pueden decidir sobre la continuidad o no de un embarazo. Una vez más, la Corte fue enfática en considerar que ningún derecho es absoluto.

En definitiva, frente a la necesidad de definir que es persona, proponemos la siguiente redacción
ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. A los efectos civiles, la existencia de la persona como titular de derechos y obligaciones comienza con el nacimiento con vida, sin prejuicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico durante el periodo de gestación.
Llamamos la atención sobre la gran responsabilidad que tiene la Cámara de Diputados en modificar el texto que ha sido objetado por muchas organizaciones y personas, debiéndose receptar una redacción superadora que se encuentren en la misma línea de tantas conquistas legislativas que han sido fuente de un gran orgullo para nuestro país. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay otros avances en el texto del nuevo código propuesto que deben condecirse con la idea que refleje el art. 19.
Está claro que este no es el único debate que hay que dar sobre este proyecto de reforma del Código Civil. Aún quedan muchos otros que el proyecto original proponía y que fueron quitados del texto sancionado en Senadores. Por ejemplo, la gestación por sustitución y la fertilización post mortem, la función social de la propiedad o el derecho al agua potable. Modificar sustancialmente la redacción del art. 19 aprobado en Senadores constituye una obligación internacional ineludible, lo cual implica no ceder a las presiones de la Iglesia Católica, punto básico, elemental, esencial y coherente y acorde con una sociedad democrática y plural.
Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a los y las miembros del Congreso de la Nación que modifiquen el art. 19 del Código Civil de conformidad con la redacción consensuada que aquí se propone, la cual está en total consonancia con la protección de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres y de las personas no heterosexuales. Asimismo, les reclamamos que garanticen el debate y tratamiento parlamentario de los temas que queden pendientes para que sean a la brevedad, una realidad en la Argentina.
Para: 
Diputadas y Diputados Nacionales de la República Argentina
Solicitamos a las/os Diputadas/os Nacionales que modifiquen el artículo 19 del Código Civil, con media sanción del Senado, en conformidad con la redacción aquí propuesta.
Atentamente, 
[Su nombre]
Enviar adhesiones a: adhesionescartaarticulo19@gmail.com

Salud!!

jueves, 3 de abril de 2014

Conflicto social, protesta y derecho en El Dipló 178 de Abril


los derechos se defienden revolucionando el asfalto - Buenos Aires 2013 
Acaba de salir publicado El Dipló, el Le Monde Diplomatique versión local, en el que publicamos una nota sobre protesta social. La publicaremos por acá en breve. Por ahora, la que está disponible es la muy buena nota de Denis Merklen, del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París, Université Sorbonne Nouvelle, París 3, acá. Obviamente hay muy buen material en el resto de la edición, el sumario completo, acá.

Seleccionamos y transcribimos estos párrafos de la extensa y muy buena nota de Merklen que nos parecieron lúcidos e interesantes sobre el tema.

"La sociedad argentina permanece dramáticamente dividida por una línea que separa sin ningún matiz de grises lo negro de lo blanco. Debe tomarse en cuenta toda la importancia que tiene la problemática del trabajo en negro. Más de un tercio de la población activa (33,5%), más de un argentino cada tres, trabaja en condiciones de ilegalidad; y esta proporción permanece estable, idéntica, inamovible pese a los diez años de crecimiento. De más está decir que el trabajo en negro pesa más sobre los más débiles y que se distribuye de modo desigual en el territorio (en muchos conurbanos de las grandes ciudades del país esa proporción llega al 40%). En ese sector de la economía los salarios son más bajos, la arbitrariedad patronal más alta, las protecciones sindicales más débiles y la cobertura social inexistente. En este tercio de Argentina reina el no-Derecho. Cuando el mercado funciona para todos, hay trabajo y el dinero abunda, las diferencias entre lo negro y lo blanco parecen amortiguarse por una gama de grises. Son los períodos en que la pobreza y el desempleo disminuyen.

Pero ya sabemos que el capitalismo es cíclico y que periódicamente la economía se retrae. El mercado de trabajo en negro funciona como un mercado sin regulaciones ni restricciones. Parece el perfecto reino de la oferta y la demanda. Es sorprendente, sin embargo, que en una sociedad democrática y bajo un gobierno de izquierda se confunda “trabajo” con “empleo”. El hecho de trabajar permite pasar de la inactividad al conchabo y, en un país como Argentina en el que no existe el seguro de desempleo, la diferencia es mayor. Tener trabajo significa pasar de ingreso cero a ganar algo, por poco que sea. Cuando en plena crisis el país sufría de 25 o 30% de desocupación, la reducción del desempleo a menos de 10% constituye un progreso incontestable.

¿Pero a qué ingresaron quienes pudieron volver a trabajar? Ingresaron a un mundo en el que el trabajo significa arbitrariedad, precariedad, ausencia de derechos, sin licencia por maternidad, jubilación ni vacaciones. Se olvida que cuando no está rodeado de protecciones sociales y fuertemente regulado, el trabajo no es fuente de integración social sino todo lo contrario. Para un tercio de los argentinos, el Estado social no existe, y entre tanto el tiempo pasa.

A esta forma mayor de no-Derecho se le suman otras muchas. Ilegalidad de la vivienda e ilegalidad de los papeles, principalmente, acompañadas de todas las formas de consumos “truchos” que ponen a los más débiles en contacto con todo tipo de bienes y servicios de mala calidad, desde medicamentos a bienes culturales pasando por los alimentos. En este mundo de ilegalismos la población necesita de la regulación pública como de la más elemental protección de una sociedad que cuando no la ejerce deja a los individuos a merced de todo tipo de rufianes y de especuladores. Sabemos ya de memoria por tanto tiempo de experiencia acumulada que se vive allí en un universo de irregularidades. Allí uno logra vivir e incluso acceder a ciertas formas de satisfacción eternamente postergadas. Pero no debe confundirse ello con el acceso a derechos por parte del ciudadano.

Este verano los cortes de luz vinieron a recordar una vez más la debilidad de las regulaciones públicas como antes lo hicieron cruelmente presente los accidentes ferroviarios. Pero esos momentos espectaculares en los que sufre una buena parte de la ciudad ocultan el hecho de que la exposición a la incertidumbre y a la irregularidad también está desigualmente repartida. Hay zonas enteras de las periferias urbanas y del territorio nacional en las que reina la arbitrariedad, lo que quiere decir que casi siempre gana el más fuerte. Y esto de modo cotidiano. Los más pobres no sólo sufren de la pobreza, sufren también severamente de la desprotección y de la inseguridad sociales. Colectivos destartalados que pasan de modo intermitente, agua que escasea o se corta junto con la luz, viviendas en estado lamentable, centros de salud saturados o inexistentes… La vida cotidiana está llena de pozos y los ciudadanos de las periferias carecen de un Estado al que apelar. 

Los tres gobiernos que se sucedieron desde 2003 dieron algunos pasos importantísimos para remediar este tipo de situaciones, como en el caso de las jubilaciones o en el de la Asignación Universal por Hijo. En otros casos parecen haber intentado algo y perdieron la batalla una y otra vez, como en las tentativas por domesticar a las policías y tratar de que ya no hagan un uso ilegítimo de la fuerza pública. Pero, ¿se piensa lo suficiente en cuánto tiempo hace que siempre los mismos sufren a la policía como una amenaza?".-

Salud!!

martes, 1 de abril de 2014

Las creencias de los funcionarios públicos son privadas!!!


Una lástima confundir, otra vez y van, Estado y creencias personales, función pública y creencias privadas. No es sólo una lástima sino un error, algo que ofende la igualdad de culto que siempre defendemos y que es propia de la democracia moderna, acá clásico post sobre el tema, en un tema tan sensible y discutido como el origen de la vida y sus impactos en otros tantos temas. En fin. Muy lamentable!! Salud!


Es muy raro que mencione al Poder Judicial como padre, madre, hermanos y abuelos porque parece retratar una familia judicial. Menos mal que eso no existe! En fin. Salud!

lunes, 31 de marzo de 2014

Gracias Daniela Kantor!


Revista Crisis 18
Seguimos fascinandos con la ilustración que hizo Daniela Kantor para el artículo que escribimos en la Revista Crisis. Simplemente me encantó! Le agradecemos porque la nota no sería lo mismo sin ese camaleón que ya casi queremos adoptar virtualmente (salvo que sea un camaleón judicial, eso son muy costosos de mantener para nuestro humilde presupuesto docente). Esta es la web personal de Daniela que además de talento tiene ya toda una trayectoria y una producción increíble, acá. Muchas, muchas gracias y clap clap!! 

Salud!


domingo, 30 de marzo de 2014

No cuenten conmigo: Javier Nuñez y el linchamiento de David Moreira


el grito social del estado primal - Mendoza 2012 
Por el gravísimo linchamiento sucedido en Rosario, el escritor Javier Nuñez (acá su blog) publicó esta nota sobre lo sucedido en la contratapa de Rosario/12, acá. Simple y directa. La reproducimos. Calma y salud!

- No cuenten conmigo

No.

No cuenten conmigo.

Ni para para salir a matar a golpes ni para celebrar la muerte. No cuenten conmigo para esa masa que algunos aglutinan bajo el difuso "nosotros" que nadie termina de definir en forma concreta pero que sirve para diferenciarse de "ellos", como bandos o facciones opuestas en una guerra abierta que se libra en cada esquina. 

No cuenten conmigo para disfrazar con eufemismos la brutalidad y la cobardía de ochenta tipos golpeando hasta matar a un pibe reducido e indefenso. Eso no tiene nada que ver con la justicia, ni siquiera en sus conceptos más arcaicos: la mal llamada "justicia por mano propia" no es sino venganza, y viene acompañada de una pena sumaria muchas veces irreparable. No mucho antes, cerca del lugar donde un grupo enfurecido de vecinos arremetió contra David Moreira, casi matan a golpes a dos chicos que iban en moto tras haberlos confundido con ladrones. El precipitado procesamiento público y la inmediata ejecución de la pena muchas veces deja de lado un principio básico de la sociedad: que el delito que se castiga esté suficientemente probado. Muchos hemos visto situaciones similares: basta con que alguien señale a otro al grito de "ladrón" para que se conformen grupos espontáneos de ajusticiamiento con los que difícilmente se pueda razonar. Pero aun suponiendo que el delito haya existido, la pena aplicada en forma de venganza constituyó otro mucho peor, más atroz, más irremediable. Matar a golpes a alguien que arrebata una cartera es de un desprecio por la vida ajena tan condenable como el de aquel que mata para robarla.

¿Qué nos justifica para matar?

¿Qué nos habilita?

Muchos de los que se rasgan las vestiduras clamando que la vida no vale nada porque te matan para robarte una cartera, en estos días celebraron que se mate como escarmiento por el supuesto delito de haber intentado robarla. El valor de la vida siempre es subjetivo, pero parece haber un principio de acuerdo en ciertos sectores de la sociedad: la de cualquiera de nosotros vale mucho más que la de ellos. Lo que es insuficiente para que me cueste la vida a mí es más que suficiente para quitarle la vida a él. 

Lo que ocurrió esta semana en barrio Azcuénaga fue la resolución de un supuesto delito "un robo" con otro mucho peor: un asesinato brutal. La impunidad de una parte de la comunidad asumiendo el rol de verdugo parece librar a cada uno de los que intervinieron de responsabilidades individuales. Y la celebración de la muerte por parte de muchos comporta una especie de aprobación social: es la comunidad la que ejecuta; todos cargamos con ese muerto y deberíamos festejarlo porque es uno de ellos.

No.

No cuenten conmigo.

No se trata de un caso aislado: es algo que se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia y peores resultados, como consecuencia de múltiples factores que no tengo intenciones de negar ni desconocer pero que preocupan y duelen. Pero más duele ver hacia qué clase de sociedad nos encaminamos --o algunos creen que nos deberíamos encaminar--, y qué frágiles son las estructuras que nos separan de la oscuridad que habita al hombre. Cuando el contrato social se rompe, pierde sentido el Estado de derecho y el derrumbe de las reglas de convivencia en lugar de atenuar la inseguridad la incrementa: frente a una legalidad incierta, la sensación de riesgo no hace más que amplificarse. La violencia engendra violencia. La cultura de la muerte, se sabe, sólo puede combatirse con una contracultura de la vida. La ley de la jungla nunca puede ser la solución.

Así que no.

No cuenten conmigo.

Aunque cumpla con muchos de los supuestos requisitos, tenga un trabajo digno con el que alimentar a mi familia, pague la hipoteca de mi casa y mis impuestos y deje propina en los bares; aunque también me angustie cada uno de los hechos de violencia a los que asistimos a diario, y me indigne y me duela haber visto a mi abuela con la cara desfigurada por los golpes cuando la arrastraron por el suelo para arrebatarle la cartera desde una moto; aunque también me haya abrumado la impotencia cuando vi llegar a mi vieja llorando porque la habían asaltado; aunque tiemble cuando mi hijo cuenta que lo encañonaron para robarle un celular; igual no cuenten conmigo.

Si nosotros es esta turba que mata y estos cuantos que celebran la muerte, no cuenten nunca conmigo entre las filas del pronombre."

Además, recomendamos, como muchos, la cobertura del blog Cosecha Roja, en especial con lo más preocupantes que tristes comentarios de la gente, acá.

miércoles, 26 de marzo de 2014

martes, 25 de marzo de 2014

El que no llora no mama: Crisis 18 en los kioscos


los muros que sufren sus humanidades - París 2014
Salió la última revista Crisis que siempre viene interesante y en este caso con un infiltrado!

Se recomienda comenzar con la gran nota de Ximena Tordini sobre los conflictos sociales de diciembre, entre la indiferencia la política y la represión luego de la huelga policial, acá. Y después directamente sustraerla del puesto de diario amigo! Salud!!

Sumario por Colectivo Editorial Crisis, acá /

• dossier

El que no llora no mama, acá 

Un fantasma llegó para quedarse: la crisis del modelo. La inflación despierta la “sensibilidad social” de los liberales, que justifican el despojo. El gobierno ensaya la litadelazzarización popular. Precios cuidados y cuidado con los precios, dice la calle. Escriben Alejandro Bercovich, Mercedes D’Alessandro, Sol Prieto, Jorge Duarte y Diego Genoud.

• ir y ver

Buenos días, Vietnam

Viaje al corazón de las tinieblas del capitalismo tardío. Comer la paloma de la paz social, ahí donde el Imperio hizo agua el siglo pasado. Un museo de lo que vendrá. Por Hernán Vanoli.

• políticas de la producción

Señor Televisor

Martín Bonavetti nos recibió en el edificio plano del viejo ATC, postal imborrable de la guerra del espectáculo: 24 horas por Malvinas. Tinelli, Fútbol para todos, 678, y el federalismo, en una charla expansiva con un administrador público de sentidos. Por Martín Rodríguez y Hernán Vanoli.

• saqueos

El que roba tiene que morir 2013 se fue con las Policías de las provincias marcándole la cancha a los gobiernos. Y con catorce muertos que, otra vez, no pasarán a la Historia. Por Ximena Tordini. >leer

• bolivia

¿Para qué hemos luchado?

Diez años después de la guerra del gas en la que hubo 68 muertos y la expectiva de una transformación radical, Bolivia sigue en la encrucijada sobre cómo se gestiona la riqueza natural sin morir en el intento. Por Carolina Ricaldoni.

• males raíces

Votaste grúas

Buenos Aires tiene menos habitantes y más departamentos, pero el déficit de vivienda estalla todo el tiempo. Las obras públicas fascinan a los porteños y la ciudad se desentiende de su entorno. Por Guillermo Jajamovich y Luján Menazzi.

• ensayo visual

La Traza

La casa y sus formas imaginarias en la autopista que no existió. Por Victoria Gesualdi.

• capitalismo conurbano

Sonríe, nos estás entreteniendo

De la familia, de la diversión, del festejo, de la crianza, del trabajo precarizado, de la construcción de lo femenino. Las animadoras de fiestas infantiles tienen algo para decir de todo eso. Por Leandro Barttolotta.

• consumo

Altas llantas y HD

En Brasil 2014 se extrañarán los LED en cincuenta cuotas. Llegaron las pantallas de lujo y las transmisiones portátiles. El récord de compra de zapatillas y los deportes nacionales. Por Julieta Tarrés.

• placebo judicial

Los abogados del diablo

Lucas Arrimada argumenta su causa personal: por qué hay que dejar de decirle “la Justicia” al Poder Judicial.

• crónica marciana

Luz y fuerza

Nativos sufridos de la ciudad blanca, a oscuras. Diego Vecino, un damnificado furioso, escribe desde la penitencia de la clase media: pagar con apagón los años de fiesta.

• academia de soldados

La llamada del deber

Videojuegos como Call of Dutty son el resultado de la alianza de dos industrias que nunca decaen: la bélica y la del entretenimiento. Por Camilo Genoud.

• historieta

La inspiración perdida Por Ernán Cirianni.

Nexos

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