viernes, 25 de abril de 2014

La Constitución como herramienta contra la inseguridad - Infobae


Nos publicaron esta nota en Infobae sobre Constitución e inseguridad. La nota tiene una idea que defendimos hace un tiempo en las ciudadaes de Santa Fe y Rosario, respectivamente: Las Constituciones no tienen respuestas a los problemas de la autonomía policial. Las constituciones pueden y deben establecer el gobierno democrático y civil de las fuerzas policiales. De lo contrario, favorecen la situación actual de descontrol y amenaza constante a la democracia. Nuestro pensamiento constitucional sobre las fuerzas de seguridad no es escaso sino inexistente. La idea central es proyectar un artículo para una posible reforma constitucional nacional que regule las fuerzas de seguridad de forma integral, estipulado compromisos mínimos para un gobierno democrático de las fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo pueda influir en las constituciones provinciales y en las mismas cartas orgánicas municipales (ante la proliferación de las policías municipales). Transcribimos la nota completa abajo y salió, acá. Salud!

gobernar a la bestia huérfana hija de la hipocresía  - Buenos Aires 2010

La Constitución como herramienta contra la inseguridad.

Por Lucas Arrimada

1. La inseguridad y las ineficientes respuestas de siempre. La sociedad argentina vivió, en estos últimos meses, graves episodios de inseguridad y violencia social alarmante que merecen ser pensados con profunda seriedad y ameritan respuestas consistentes de largo plazo. Dicho de otra manera: los acuartelamientos policiales con sus respectivos saqueos y los linchamientos, junto al aumento de las amenazas a los poderes democráticos por parte del narcotráfico, son desafíos a los que se debe responder política y legalmente con ideas claras y acciones apropiadas. 

En este contexto, además, comenzó el debate social y político del anteproyecto de Código Penal, una de los aspectos centrales -aunque no el único- de la política criminal de reducción y tratamiento de los delitos, junto a la obligada reforma policial, judicial y penitenciaria del sistema criminal. Cambiar las reglas de un juego nocivo y viciado sin tocar a los actores responsables en la cancha es conservar la situación que genera las crisis de inseguridad. Por eso mismo, cabe dar algunas respuestas simples y claras para plantear respuestas y dar vida a nuevas ideas ante tanta improvisación y repetición de viejas recetas que se han demostrado no sólo ineficientes sino además contrarias a la Constitución.

Si al salvajismo del delito se le responde con una salvaje improvisación y violencia en la respuesta estatal, se fomenta un círculo de violencia y miedo peligroso.

2. La Constitución Nacional es garantista. Sin garantías constitucionales no hay justicia ni gobierno sino “Ley de la selva”. ¿Qué respuesta da la Constitución Nacional a los reclamos de inseguridad? La Constitución Nacional es garantista y es correcto que esto sea así. Todas las Constituciones del mundo, con sus matices y bemoles, son garantistas. Las constituciones nacen, como idea, para protegernos de la arbitrariedad del poder. Sus declaraciones, derechos y garantías les otorgan una esfera inviolable a todas las personas. Los tratados de derechos humanos refuerzan esa esfera de protección legal. Principio de inocencia, debido proceso y defensa, derecho a no ser torturado, entre otras garantías básicas, están en el sistema para limitar la arbitrariedad y limitar las injusticias de aquellos que ejercen el poder policial, judicial, político, etc.

Garantismo, entonces, es una obligación constitucional, de toda Constitución. Garantismo no es una mala palabra, salvo para el discurso que quiera engañar a la gente. El garantismo no es dogma sino un principio básico. Todo funcionario judicial, policial, todo funcionario público o candidato que se digne de respetar la Constitución debería llamarse garantista si por eso se entiende “respetar las garantías de la Constitución Nacional”. 

Los discursos demagógicos sobre el derecho penal fomentan la anomia social y la falta de respeto a la Constitución y las leyes más fundamentales. La demagogia, además del engaño de corto plazo, es contraproducente en el largo plazo porque produce daños irreversibles e instala debates que fomentan miedos irracionales. No bajar el  umbral de educación cívica mínima y respeto de la ley también es parte de las responsabilidades de todo candidato en campaña.

3. ¿Más policías es más seguridad? ¿Más cárceles es menos delito? La inseguridad no va a reducirse con más policías en la calle si esos policías están mal formados por ser expulsados a la calle de forma prematura, porque optan por ese empleo como última necesidad, con una formación que reduce todo  responder a todos los conflictos con violencia y represión y bajo control de autoridades de dudosa trayectoria. La corrupción policial -con los ejemplos del narcotráfico, prostitución forzada y trata de personas-, los bajos salarios y la escasa formación de las fuerzas de seguridad, combinada con un contexto social de fragmentación social y autonomía de las cúpulas con la política democrática lo que producirá es más violencia latente, explotando cíclicamente. Más policías no es más seguridad. Más cárceles y más castigo no es menos delitos. Una mejor policía es más seguridad. No es cantidad sino calidad.

Si se le da un inmenso poder sin control y un arma a alguien sin formación profesional, la inseguridad aumenta, no disminuye. Si se organiza un “ejercito” de personas mal formadas por la necesidad de publicitar más policía, se le otorga autonomía operativa sin control, todo para ganar algunos votos más, eso generará más inseguridad, más delito y más corrupción policial. Tanto en lo inmediato como en el futuro.

Más cárceles y comisarías llenas de torturas, violaciones sistemáticas a derechos básicos, no hará a la sociedad argentina más segura sino alimentará el espiral de violencia con más violencia, al mismo tiempo que seguirá manteniendo ese infierno y campo de concentración que es hoy el sistema penitenciario. Nadie puede pensar que esa es una solución razonable sino parte del problema central en la inseguridad.

La aparición de las policías privadas, de las policías municipales y la relativa autonomía de todas las policías provinciales y federales junto a la aparición de otras fuerzas no policiales en “la lucha contra la inseguridad” requieren una política democrática y participativa proyectada desde la Constitución para la sociedad. Los atajos son inútiles y contraproducentes.

4. La Constitución y una cláusula constitucional para el gobierno democrático de la policía. La Constitución Nacional sigue en un estado de subdesarrollo inaceptable en la regulación de dos esferas centrales del tema: La policía -las fuerzas de seguridad, en general- y el Sistema Penitenciario. En 30 años de democracia las fuerzas armadas han sido reformadas pero las fuerzas de seguridad siguen sin una reforma política e integral.

La Constitución Nacional podría tener una cláusula con la finalidad de 1. precisar sus límites y objetivos principales como garantes de los derechos humanos, 2. establecer un control civil y democrático, 3. abrir canales de participación social en su interior, 4. fijar altas prioridades de formación profesional que sean acompañadas con salarios acordes, 5. capacitación constante e incentivos para investigar delitos complejos, 6. diseñar auditorías internas y externas, 7. reforzando políticas anticorrupción, 8. fomentar la descentralización y transparencia operativa, 9. diagramar controles sobre su poder y funcionamiento al mismo tiempo que 10. mejorar su interacción coordinada con el sistema judicial y, por último, el sistema penitenciario, reduciendo la autonomía de cada esfera para aumentar el trabajo conjunto, eficiente y controles cruzados. Sin compromisos mínimos básicos, nunca se solucionarán los problemas de la inseguridad en el mediano plazo.

Una política para dar mayor seguridad democrática puede comenzar con una cláusula que ofrezca pautas claras y contundentes de corto plazo para la transformación de la fuerza policial al servicio de la comunidad y al respecto de los derechos de todos. 

Sin duda, una reforma constitucional en el futuro debe apuntalar que regulen un actor de la seguridad como la policía, que es parte del  problema y parte de la solución frente a los conflictos de seguridad. Al mismo tiempo, la ausencia total de referencias y políticas públicas de largo plazo sobre el sistema carcelario y la inercia institucional sobre sus condiciones inhumanas debe ser reemplazada con regulaciones consensuadas por todo el arco político para el largo plazo. Una cláusula constitucional nacional o provincial, una ley marco a nivel nacional, si es bien consensuada y tratada con seriedad por las fuerzas políticas, podría generar un cambio significativo y una política de seguridad democrática exitosa en el largo plazo. Sin respuesta constitucional, las políticas de seguridad serán parte de la inestabilidad e inseguridad de la política. Dar seguridad y estabilidad constitucional generará una base para una mejor política de seguridad y reducción del delito.

5. Conclusión: Evitar viejas respuestas a nuevos problemas. Por un lado, la Constitución Nacional da una respuesta garantista para combatir la inseguridad. Es una respuesta razonable para reducir la violencia social y también para respetar los derechos que todos tenemos.

Por otro lado, también desde la Constitución Nacional y desde las Constituciones Provinciales se puede fijar metas democráticas y políticas de largo plazo para hacer reformas estructurales a las fuerzas de seguridad y al sistema penitenciario, tareas pendientes de la clase política desde la restauración de la democracia. Sin fuerzas profesionales, con control democrático, alta formación y exigencia, las fuerzas policiales seguirán operando como “fuerzas de inseguridad”. Lo que dará más inseguridad es tener más policías en la calle. Nuestra obligación legal es obtener más seguridad con una mejor policía y un mejor poder judicial.

En definitiva, el constitucionalismo nació pensando frenar al poder, su arbitrariedad. El derecho constitucional argentino parece, en su inercia e inacción, cómplice ante un Estado sin respuestas. Reducir la violencia del Estado y sus operadores -policías, jueces, cárceles, etc.- disminuye la violencia en la sociedad, en especial en escenarios de una economía con turbulencias y permite alejarnos de los peores círculos del infierno de inseguridad y crisis social. 

En un tema tan urgente y complejo como la seguridad, la mejor respuesta es tener a la Constitución como herramienta y a la mejor política responsable como horizonte. No hay tiempo que perder."

Lucas Arrimada - Profesor/Investigador de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, UBA.

PD: Acompañamos el artículo con una muy buena y oportuna entrevista del gran Máximo Sozzo a Don Eugenio Raúl Zaffaroni realizada por la Universidad Nacional del Litoral. Salud!

3 comentarios:

  1. No me queda claro porque es necesario un artículo nuevo en la Constitución para llevar a cabo lo expuesto en el punto cuatro. Hay un par que no se cumplen a pesar de estar escrito hace 150 años ( art. 24: El Congreso promoverá ... el establecimiento del juicio por jurados; art 18: Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija,) y que tienen que ver con el tema del artículo.
    La creencia generalizada es que la persona detenida es culpable por el solo hecho de estarlo. No es carne en la ciudadanía que se debe demostrar la culpabilidad del acusado, que la prisión preventiva debe ser la norma y no la excepción. Y que las "declaraciones, derechos y garantías les otorgan una esfera inviolable a todas las personas" y no solo para presuntos delincuentes.
    Hay una desconexión casi total entre el pueblo y el sistema judicial. Ignoramos (me incluyo, no soy abogado) cómo funciona y el por qué de los años para resolver asuntos. Hay desconfianza y temor dirigida hacia la Policía.
    Francisco

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    1. Hey, gracias Fahirsch por pasarte y comentar. Siempre lúcido. Es verdad que hay un artículo sobre el sistema penitenciario, pero también es verdad que tener uno mejor ayudaría mucho a la población invisibilizada sobre todo si da herramientas para combatir las violaciones sistemáticas ahí. Sobre todo si pensamos en un defensor del pueblo penitenciario y miles de otras instituciones posibles. Ahora, allá y acá, en fuerzas de seguridad y en sistemas penitenciarios, hace falta voluntad política y mucha, mucho esfuerzo, y por eso conecto la idea de la constitución y de la inseguridad, porque me parece que el gran desafío es la voluntad política en serio pero como también lo proyecto en cada una de las fuerzas de seguridad de cada una de las constituciones provinciales, y en las fuerzas municipales, la idea es todos pueden hacer esto. O sea, todos los niveles. Se puede hacer desde abajo para arriba, o desde arriba para abajo. Lo pienso a nivel nacional porque me resulta más fácil a mi, porque conozco más la Constitución Nacional pero podría pensarlo en una carta orgánica o en una constitución provincial. Mi propuesta, original, fue para una Constitución Provincial.

      1. Me parece que lo central del artículo es explicar a) la idea del Garantismo como obligación constitucional y pensar b. una regulación constitucional de las Fuerzas de Seguridad, conectadas con la deuda del Sistema Penitenciario. El artículo que propongo habla de fuerzas de Seguridad, no de sistema penitenciario.

      Repasé las 25 Constituciones, la nacional y las provinciales y la regulación es pésima, demasiado vaga o inexistente. De gobierno civil y social, político y democrático no hay nada de nada.

      El temor está en regular el poder de la policía, reducirlo, limitarlo, controlarlo, verle la cara a la bestia y enfrentarla. El constitucionalismo nació para regular el poder. No se puede seguir siendo tan cagón ante la alarmante situación. Así de simple. Un constitucionalismo de cagones es un constitucionalismo amigo del poder, hipócrita y castrado. Un constitucionalismo que está muerto y que reproduce muerte y cobardía amiga del poder.

      Para hablar pelotudeces, tenemos lo que tenemos. Pienso en otra cosa bien diferente cuando hablo de regular la policía. Y soy consciente que si hay resistencias para siquiera pensarlo, las que habrá en la práctica son todavía más titánicas. En fin

      2. Obvio que el Sistema penitenciario necesita una mejor regulación constitucional, más clara y que ponga más altos estándares de protección y control hoy inexistentes. Eso será objeto de otro artículo. La idea de este artículo es proponer una regulación de la policía y poner el segundo punto del problema: El sistema penitenciario como parte del problema de la inseguridad donde la constitución exige cosas que no se cumplen y los tratados internacionales son ingnorados y violados.

      En fin, eso. Sigamos, obvio.
      Salut!

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  2. miguel redondo cripovich29 de junio de 2015, 15:01

    Brillante como siempre dr Arrimada! Peligroso momento el que vivimos donde renacen las viejas recetas para combatir la inseguridad. Parecería haber un fin implícito de los medios masivos para irritar a las personas( no digo " la gente" por culpa de un político nefasto llamado Sergio Massa).
    Las soluciones propuestas por quienes integran el populismo punitivo ( politicos, periodistas y algunos "abogados"), son fácilmente desestimadas si se estudian los resultados en experiencias comparadas. Caso emblema seria los Estados Unidos donde su " política contra el crimen" , entre otras cosas encarcelaciones masivas, solo aumento sus tasas delictivas y el nivel de violencia en la sociedad.
    Le recomiendo por si no la vio a la pelicula "la haine". Interesante para pensar sobre la relación de las agencias del sistema penal con los sectores vulnerables.
    https://vimeo.com/117255078 ( LINK DE LA PELICULA)

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Nexos

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